Diciembre,22,2004.- De resultados productivos e informes
reveladores, calificó el suscrito a su regreso a la ciudad de
Piura-Perú, a las preguntas de periodistas de cuales fueron los
resultados y la información que había obtenido la comisión de agraviados
judiciales de la Asociación Civil “Justicia sin Corrupción y Educación
con Alimentación” que viajó a la ciudad de Lima-Perú para poner en
conocimientos de diversas autoridades y personalidades, la red de
corrupción judicial del Distrito Judicial de Piura que opera impunemente
, descubierta por la asociación y por valientes periodistas Piuranos.
Se logró
verificar “in situ” que la red de corrupción que encabeza el Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Piura, Jorge Eduardo Díaz Campos se
ramifica a la Oficina del Control de la Magistratura, a la Fiscalía de
la Nación y se entroniza en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Un grupo de la
comisión de agraviados judiciales de la asociación Justicia sin
Corrupción, se dirigió primeramente a la Oficina del Control de la
Magistratura (OCMA) que funciona en el Palacio de la Injusticia de la
ciudad de Lima-Perú, averiguando que la Queja contra el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Piura, Jorge Eduardo Díaz Campos se había
convertido en investigación por lo que fueron derivados el suscrito y la
comisión de agraviados judiciales a la encargada de la Unidad Operativa
móvil de la OCMA, quien tiene en sus manos dicha investigación, en donde
se le solicitó la explicaciones del porqué demoraba tanto la
investigación contra el quejado Vocal Superior de la ciudad de Piura,
Jorge Eduardo Díaz Campos y nos respondió que estaba a la espera de un
informe solicitado a la ciudad de Piura.
Gran molestia
causó entre los miembros de la Asociación escuchar de la responsable de
investigar a Díaz Campos decir que no son agraviados judiciales sino que
somos unos simples y tristes “quejosos”; para ellos todas nuestras
quejas son subjetivas a pesar de que sean objetivas, hacen creer que lo
objetivo de nuestras quejas son subjetivas es decir convierten las
quejas objetivas en subjetivas y los graves delitos cometidos por
corruptos magistrados los convierten en simples faltas administrativas y
en el colmo son juez y parte en dichas investigaciones administrativas y
en donde la sociedad civil no tiene ningún derecho a reclamar nada, pues
si es que se le llegara a castigar a algún mal magistrado se les castiga
con un simple “apercibimiento” o llamada de atención.
La Asociación
frente a este arbitrario hecho, se dirigió al Presidente del Congreso,
pidiendo intervenga frente a la corrupción existente en el Poder
Judicial.