El Regional de Piura:
28 de mayo del 2007
Finalmente los comerciantes del Mercado Santa Anita de Lima, aceptaron
la fuerza de la Ley y abandonaron de forma pacífica tras tensa
resistencia, el inmueble que invadieron y que lo reclaman como suyo,
pese a todas las pruebas de propiedad que tenía la Municipalidad de
Lima.
En aras de defender "derechos" que no les correspondían, los
comerciantes llevaron a sus menores hijos, creando una situación
peligrosa que obligó a desarrollar estrategias adecuadas para evitar
efectos lamentables. Felizmente, la Policía Nacional no fue
obligada a hacer uso de métodos violentos y lo que se esperó, sea una
exhibición de violencia no fue así.
Este hecho demuestra que es posible construir una cultura del respeto a
la propiedad privada y pública. No se puede admitir que en aras del
interés y la necesidad social se violenten derechos garantizados. En la
mayoría de las ciudades del Perú, las invasiones han destruido un
desarrollado ordenado.
En Piura, bastante proyectos públicos se han perdido, porque fueron
invadidos y las autoridades han sido incapaces de actuar con firmeza y
con el uso de la Ley. Muchos pobladores, incluso han llegado al extremo
de ubicarse en zonas peligrosas y también las autoridades han sido
frágiles para evitar riesgos futuros.
La propiedad privada debe respetarse, pero la pública que es de todos
también. El ser humano, tiene en la ciudad el desarrollo de su condición
y debe hacerlo con los servicios suficientes para proveerse de ellos. En
esta lógica se reservan vías para pistas y veredas, para colegios, para
mercados, para parques y jardines, y no se puede aceptar que se invadan
a vista y paciencia de todos.
En Sullana, durante la gestión del ex alcalde Vásquez Morán, se invadió
unas calles en el A.H. El Obrero. Durante la gestión de Camino Calle se
hizo lo mismo en la zona del relleno sanitario. Los invasores en el caso
de la invasión primera siguen allí, sin que se haya hecho algo por
desalojarlos, en el caso del relleno, las invasiones obligaron a
construir otro relleno y las personas viven allí con el riesgo de su
salud.
La actitud adoptada por el Ministerio del Interior para hacer efectivo
el desalojo, la concordancia de instituciones para hacer respetar el
principio de legalidad y el de propiedad, debe extenderse hacia todo el
país, para que cada quien reconozca que existe un estado de derecho en
el cual debemos actuar. |
