El Regional de Piura:
03 de junio del 2008
El Perú vive sumido en una burbuja de progreso económico, cuyo efecto
inmediato ha terminado por distorsionar cifras concretas y alterar el
estado emocional del propio Alan García. En efecto, el “capturado” jefe
del INEI, Renán Quispe, ha señalado que en 1 año se redujo la pobreza en
5,2%, cuando según la CEPAL Chile, que ostenta mayor solidez en gestión
pública, posee mayor PBI per cápita y presenta un nivel de pobreza
inferior, logró un 5% en el periodo 2003 – 2006.
El presidente ha saludado los resultados de la encuesta, pues es sólo
eso, y ha criticado a economistas y estadísticos que han cuestionado la
cifra propalada. “Pensemos en grande” ha dicho García, razón por la que
amerita reflexionar sobre la intromisión de un grande como Estados
Unidos, cuya política exterior de marcado imperialismo y dominación
geoestratégica tiene los ojos puestos en Perú y Colombia, únicos aliados
en Sudamérica merced a la complicidad, benevolencia e inacción de sus
gobiernos.
El reiterado ingreso de tropas extranjeras a nuestro país es un dato
empírico que preocupa a muchos pero sobre el que poco se dice. En los
últimos 6 meses (diciembre – mayo) el Parlamento autorizó 7 ingresos de
personal militar, con el objetivo de realizar actividades de ayuda
humanitaria, acciones de apoyo militar y entrenamiento conjunto de
tropas. Curiosamente en todas ellas interviene USA, cual si fuera el
único país del orbe detentador del know how militar susceptible de ser
transferido y compartido.
La última incursión fue autorizada el pasado 14 de mayo (RL 29234) en
virtud a una acción cívica humanitaria denominada “Nuevos Horizontes
2008.” De esta forma, entre el 23 de mayo y el 10 de septiembre
permanecerán en Ayacucho 111 militares estadounidenses. Los ayacuchanos,
salvo los apristas, nos oponemos a esta decisión, dado que la ayuda
humanitaria en la región parece ser un pretexto poco creíble, excepto
para el presidente regional Ernesto Molina, fujimorista reciclado, quien
no ha dudado en agradecer el gesto.
Pero ¿a qué se debe nuestra oposición y rechazo? Sencillamente a que
resulta demasiado pretensioso que 111 personas, en 120 días, puedan
realizar con impacto significativo proyectos de construcción y
edificación de postas médicas, pozos de agua, aulas, atenciones médicas
a la población de escasos recursos. Si con tal eficacia y efectividad se
pretende lograr el desarrollo social de la región, ¿qué esperan las
demás regiones pobres? ¿Por qué Huancavelica, Cusco, Cajamarca,
Apurímac, Puno, Pasco, no solicitan tropas militares?, ¿no sería
acertado externalizar la provisión de servicios públicos a USA?
Cabe soslayar que la resolución legislativa subraya que la medida no
irrogará gasto alguno al tesoro, pues él será asumido íntegramente por
Estados Unidos. Me pregunto ¿los gastos que supongan las actividades a
desarrollar también serán asumidos por la generosa USA? Si es sí, ¿por
qué no se hizo una donación vía convenio directo entre el gobierno
norteamericano y el gobierno regional de Ayacucho? Sí es no, ¿quién
asumirá los gastos?, ¿el gobierno central, el regional, o sus
municipalidades?
En base a tales consideraciones, tengo la sospecha fundada de que el
ingreso de tropas responde a un propósito de espionaje y gestión del
narcotráfico en el VRAE. No perdamos de vista que ello supone riesgos a
nuestra soberanía nacional, razón por la que el constituyente de 1993
determinó que tal decisión recayera en el Parlamento vía resolución
legislativa (norma poseedora de rango de ley), a diferencia de cualquier
resolución o decreto emanado del Gobierno. Si a estas sistemáticas
incursiones le sumamos las autorizaciones hechas para el ingreso de
tropas extranjeras sin armas, la situación se agrava dado que en este
supuesto basta la potestad del Ejecutivo vía resolución suprema.
De un lado, Perú es un país atractivo para espiar a Bolivia y Ecuador,
máxime cuando la base de Manta ha quedado algo pasiva por la oposición
de Rafael Correa. Al mismo tiempo, dado que el partido colorado ha sido
derrotado en Paraguay, Estados Unidos no contará con la aquiescencia de
Fernando Lugo para espiar a Bolivia desde el país guaraní, tal como lo
hizo previo a las elecciones generales del año 2005. De esta forma, el
Perú es clave para USA si pretende llevar adelante tareas de espionaje y
acciones geoestratégicas.
De otro lado, no es sorpresa remarcar que el foco del narcotráfico se ha
traslado del Huallaga al VRAE. La erradicación forzosa y la política de
sustitución de cultivos continúan en la agenda del “Plan Colombia”, como
si la culpa de este flagelo lo tuvieran los campesinos agricultores de
hoja de coca. Los intermediarios, los grandes traficantes, y los
cárteles de la droga, cada vez se hacen más ricos, gozando de una
impunidad tal comparable al germen de la corrupción en el gobierno y
administración pública.
La solución al problema de la droga tiene que ser radical, y ello pasa
por adoptar políticas permisivas o prohibitivas. En el primer supuesto
legalizamos la tenencia y el tráfico, que aunque ello pueda fomentar y
dinamizar el mercado de cocaína, siendo los grandes perjudicados
aquellos con más poder adquisitivo, y por consiguiente mayor capacidad
de consumo, o intervenimos eficazmente a través de un convenio
multilateral para que las grandes potencias compren a precio tentativo
la producción anual de hoja de coca.
En ambos casos, ¿qué importa que los europeos, norteamericanos y
asiáticos infesten sus narices con clorhidrato de cocaína?, ¿no sería
más fácil que los países consumistas adopten políticas públicas respecto
al consumo de droga de sus ciudadanos?, ¿qué importa si una vez
adquirida toda la producción de hoja de coca las potencias incineran,
destruyen, o lo que fuere, con tal de proteger la salud pública de sus
ciudadanos? Es más, respecto al país ¿acaso no obtendríamos ingresos si
graváramos el consumo de droga con un impuesto selectivo, o si
estableciéramos arancel alguno a la exportación?
Basta de tanta ingenuidad y doble moral. Este flagelo no se combate
martirizando a los agricultores cocaleros o arrestando burriers de poca
monta. Los cárteles movilizan millones de dólares porque los
consumidores nacionales e internacionales tienen poder adquisitivo para
satisfacer su consumo. Los Estados desarrollados tienen administraciones
públicas sólidas como para implementar políticas de prevención,
tratamiento, rehabilitación y reinserción de sus drogo dependientes, en
caso el Perú liberalice el tráfico. ¿O no? |
