El Regional de Piura:
11 de junio del 2008
Los antecedentes de la Universidad peruana nos remontan a un centro de
estudio tradicional, es decir colonial, oligárquica y de honorables, que
luego se institucionalizó a inicios de 1919 bajo los intereses de una
burguesía agraria-comercial y de los terratenientes gamonales.
Con la Ley 13417 en 1960 se da inicio a la denominada “universidad
moderna, profesional y reformada”. Se reconocen las reivindicaciones
reformistas como el gobierno universitario, la autonomía, gratuidad de
la enseñanza, etc. En cambio, las leyes universitarias 17437 y 23733
llevaron a la frustración a estudiantes y profesores por ser
insatisfactoria en los campos científico y técnico, especialmente esta
última que se encuentra vigente, en la que se quería adecuar los
patrones de dominación de una economía urbana.
En la última década, la Universidad pierde su fuerza innovadora y
movilizadora de conciencia crítica de la realidad peruana. Asimismo, los
objetivos fundamentales vienen a ser la formación académica, la
investigación, la proyección hacia la sociedad, y hoy el objetivo viene
a ser, el concepto universidad y empresa.
Antes de 1930 existían (09) universidades públicas y una privada; hoy
tenemos 92; 36 nacionales y las demás privadas. Del total, 53 tienen
facultades de Derecho.
En 1960 se matricularon 30,000 alumnos, y en la actualidad, según la ANR,
existen más de 600,000 estudiantes. De los cuales 59,400 estudian
Derecho.
El Presupuesto General de la República del año 2000 ascendía a
1’044,246,000 nuevos soles; y en el 2008 a 1’946,008 nuevos soles. De
este total, el 3.3% y el 3.4% de los citados montos, fueron asignados a
las universidades nacionales. El 80% de los cuales están destinados a
remuneraciones, afectando la partida de bienes y servicios. En términos
comparativos, somos uno de los países en Latinoamérica que menos gasta
por estudiante universitario y las 30 universidades públicas reciben en
conjunto la mitad de lo que gasta una universidad pública en Estados
Unidos.
La nueva Ley (próxima a promulgarse), debe permitir en el ámbito
económico, la ejecución de proyectos con total libertad. Se tiene que
buscar una nueva normatividad que restrinja la creación de universidades
y filiales a nivel nacional sin control alguno.
La universidad no está respondiendo a las exigencias y necesidades de
las empresas públicas como en el Poder Judicial. En el ámbito jurídico
el mercado laboral está muy saturado, dando lugar incluso a la triple
“A”, Asociación de Abogados Abandonados.
Número de egresados en su mayoría son de los denominados cursos de
actualización que dura tres meses. Por ejemplo lo que el 90% de
ingresantes a una Maestría o Doctorado en Derecho, no llegan a graduarse
por falta de certificación del idioma y la falta de metodología de
investigación. Y en el pregrado debería de graduarse con Tesis,
desechando los cursos de titulación de 3 meses.
Los letrados registrados en el Colegio de Abogados de Lima sobrepasan
los 45,900 y los habilitados para el ejercicio solo llegan a 19,500
profesionales.
Las universidades tienen que afrontar la competitividad con una
formación de profesionales que puedan responder a las exigencias
actuales, en otras palabras tienen que avanzar de una visión regional a
una internacional; la reforma curricular, la tecnología de la
información como soporte para potenciar la gestión procesal y las
interrelaciones entre los miembros de la comunidad académica (correo
electrónico, Internet, educación a distancia, bibliotecas especializadas
y en línea, aulas virtuales, etc.) es fundamental en perspectiva de un
Tribunal sin papeles a través de Internet y la notificación electrónica
en materia penal
También influyen las nuevas exigencias como la competitividad y no la
competencia (ser mejor que el otro), es decir la capacidad de gestión
humana basada en la competitividad, donde las organizaciones como las
universidades y las Facultades de Derecho tienen retos para redefinir su
visión, misión, estructura, estrategias y recursos, acciones orientadas
a lograr mayores niveles de competitividad.
Para el logro de estos propósitos se requiere de una estrategia humana
orientada a ser generadora de valores y una nueva cultura jurídica a
través de sus diferentes procesos como la selección, capacitación y
desarrollo, compensación, gestión del desempeño, diseño de cargos,
reclutamiento, entre otros; asimismo, las perspectivas de aprender algo
nuevo, junto a la psicología de la capacitación para el éxito, nos
permitirán romper las barreras psicológicas de carácter decisivo para
todas las formas de cambio. Estas redefiniciones exigen terminar con el
modelo tradicional de las Facultades de Derecho y tener una nueva
generación de abogados, por ende mejores jueces y fiscales que
garanticen las seguridad jurídica que el país exige. |
