El Regional de Piura:
25 de junio del 2008
Uno de los grandes males de nuestra democracia en los últimos 30 años ha
sido el de la tradicional sumisión de los Congresos respecto al Poder
Ejecutivo.
En los años 80, los partidos de gobierno obtuvieron mayorías
parlamentarias y se sirvieron de ellas para subyugar al Legislativo. El
gobernante elegido en 1990 no tuvo mayoría. Pero procedió al golpe de
Estado para luego dar paso a elecciones turbias que le permitieron hacer
aprobar una nueva Constitución, con nuevas reglas electorales.
De esas reglas, y de las prácticas de comprar tránsfugas, el gobernante
de los 90 se sirvió para conformar nuevamente mayorías parlamentarias.
El Congreso de 1992 al 2000 fue también un Congreso sometido, con la
sola excepción de sus meses finales. La fuga de Fujimori y el
consiguiente desplome del Ejecutivo abrieron paso a que el Congreso
resolviera la crisis estableciendo el Gobierno de Transición.
El Congreso del periodo 2001 - 2006 recuperó algo de independencia.
Recordemos que se llegó a censurar al ministro del Interior Fernando
Rospigliosi a iniciativa de la bancada aprista. La misma bancada que,
con la ayuda de otras, viene blindando al actual ministro Luis Alva
Castro pese a que su gestión es mucho peor que la del censurado en el
período anterior.
Y es que en este periodo estamos teniendo un retroceso hacia una postura
más abdicante de la independencia que debe tener el Congreso. Eso se ha
venido logrando a traves de las mayorías que forma la bancada
oficialista ofreciendo cargos a los cabezas de las bancadas menores.
Algunos justifican el alineamiento oficialista del Congreso con el
argumento de la estabilidad y la gobernabilidad política. En realidad
esa estabilidad depende del balance de poderes que debe haber entre
Ejecutivo y Legislativo. La concentración de poder en el Ejecutivo
propicia mas bien la arbitrariedad y la actuación sin contrapesos de
quienes gobiernan. A la larga eso es fuente de inestabilidad y
corrupción.
Hay oficialistas que creen asustar a los opositores con la idea de que
un Congreso independiente debe propiciar su disolución por parte del
Ejecutivo. Tan pueril ha sido esa idea que su autor ha sido rechazado
hasta en su propio partido. La razón es muy simple: en una nueva
elección para el Congreso la bancada aprista perdería buen número de
escaños.
La actual sumisión del Legislativo al Ejecutivo pasa por el control
oficialista de la Mesa Directiva. Con ese control, el Congreso esta
siendo manejado solo como escudo de los desaciertos de los ministros.
Las pocas buenas leyes que se hubieran podido aprobar han sido
observados o, si no, desnaturalizados. Importantes proyectos de ley,
como la ley general del trabajo o la ley de la carrera publica, no son
puestos en agenda.
Gracias al control oficialista, la imagen del Legislativo cae mes tras
mes. Cómo no va a ser así cuando se colocan como temas de altísima
prioridad el restablecimiento del senado o la renunciabilidad de los
congresistas mientras regiones enteras tienen que hacer huelgas para que
se les escuche.
Por el bien de la representación nacional, ese control debe terminar. La
próxima Mesa Directiva del Congreso debiera ser liderada por una
convergencia opositora que rescate su independencia y asuma una agenda
que encare los problemas más importantes de los ciudadanos: el empleo,
la educación, la salud, los derechos sociales. |
