El Regional de Piura:
28 de junio del 2008
La propuesta de una reforma constitucional en el capítulo económico
significó la culminación anticipada de una legislatura ordinaria.
La actitud del Congreso expresa no sintonizar lo que quiere la
ciudadanía.
Lo que sucede es que el 31.10.1993 la ciudadanía peruana acudió a votar
en un referéndum sin la debida información. Los resultados numéricos de
esa consulta expresan que del total de votantes 3,895,763 (33.82%)
votaron por el “SI”; 3,548,334 (30.8%) votaron por el “NO”; mientras que
518,557 (4.50%) fueron votos nulos; 216,088 votos en blanco y 3,340,000
fueron ausentes (29%); es decir el 66.18% no aprobó la Constitución que
nos rige.
Pero entre los que votaron por el “SI” influenciados por la propaganda
que nos parecía comercial que política, hubo gente que votó por un
modelo constitucional sin conocer que el Estado (gobierno) y la sociedad
peruana no estaban preparados para asumir una economía de libre mercado:
No era aislado que en 1998 y 1999 autoridades de “Vamos Vecino” ofrecían
intervenir para controlar precios sin conocer las limitaciones que
imponía su propia Constitución. Algunas veces INDECOPI tuvo que aclarar
que las autoridades no podían intervenir en la fijación de precios.
Hasta hace poco en una radio de Talara intervenían dos comunicadores
sociales totalmente desinformados comentando que para evitar problemas
en la nueva tarifa de transporte urbano, los choferes debían exhibir la
resolución debidamente firmada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para que la autoridad municipal la haga cumplir.
Pero al margen de la desinformación y desconocimiento del contenido y
orientación de la Constitución que nos rige la gente reclama la
intervención de las autoridades ante las alzas del trigo, el maíz, el
petróleo, y otros.
Un claro ejemplo que afecta a la gente es el alza del petróleo en el
mercado internacional que en menos de medio año ha significado un
incremento del 40%, con la amenaza del no estancarse en 140 dólares sino
de llegar hasta los 250 dólares.
El Perú es el país más afectado por esta crisis internacional, lo cual
no sucede con Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile. Nuestro país cometió
el más grave error de desprenderse de sus recursos naturales (petróleo)
y por ello su población hoy paga 140 dólares por un barril de crudo que
producirlo sólo cuesta en 14 a 18 dólares. En este campo el gobierno no
puede intervenir. Entregar los lotes productivos de petróleo es el peor
de los negocios realizados por el gobierno fujimorista y nadie lo está
juzgando por este delito. El ultraliberal y fascista Pinochet en su
Constitución consagró que el petróleo, el gas y el cobre no se
concesionan.
En el Perú existe una desnaturalizada libre competencia y libre mercado,
por ser un Estado débil que no se ha preparado para afrontarlo, pues no
puede proteger al ciudadano (consumidor) con organismos eficaces y
oportunos.
La realidad demuestra que el Perú no es una sociedad que fácilmente se
adapte al libre mercado y a la libre competencia, cualquier crisis
internacional lo hace vulnerable, porque tiene un régimen constitucional
que permite concesiones indiscriminadas que perjudican la economía de
los hogares y del Estado (inconstitucionalmente el gobierno subsidia los
combustibles a través del denominado Fondo de Estabilización de los
combustibles que representaba el desembolso de más de 200 millones de
soles y hoy resulta insostenible), mientras que las sobre ganancias sólo
pertenecen a las empresas.
El gobierno del Doctor García, será visto como incapaz por cruzarse de
brazos y decir “el gobierno no puede intervenir porque los precios los
regula el mercado”.
La gente que no lee la Constitución (es la mayoría absoluta de peruanos)
se pregunta “¿Qué están haciendo las autoridades?” y luego afirma “NO
HACEN NADA”.
La vulnerabilidad del Perú exige el cambio de las redacciones de los
artículos 58°, 60°, 61°, 62° y 66° de la Constitución, pues hay que
atenuar el inexistente mercado libre, la limitación al estado
subsidiario, garantizar la inexistencia de los monopolios y la
concertación, los intocables contratos-ley y recuperar la soberanía
sobre los recursos naturales.
No sólo cabe la reforma constitucional, sino que para la estabilidad
futura del país, lo ideal es la convocatoria a una Asamblea
Constituyente que dotada de poder tenga la capacidad de dotar al país de
una adecuada norma suprema que incluso profundice temas como la
construcción de la Nación y el Estado, como lo advirtió el ilustre Jorge
Basadre, porque no existiendo la Nación somos un país totalmente
desarticulado. |
