El Regional de Piura:
14 de mayo del 2008
El día de ayer el presidente boliviano Evo Morales Ayma ha convocado a
referéndum revocatorio de su cargo, asumiendo los riegos que ello podría
suponer para el proyecto político socialista en marcha. El 10 de agosto
su suerte, y la de los 9 prefectos que gobiernan las provincias de
Bolivia, será decida por el pueblo, ésta vez, a diferencia de lo que
sucedió con Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, de manera
democrática y constitucional.
El gesto de Morales, además de mostrar un claro desprendimiento de
poder, pone en evidencia las dos formas antagónicas de manejar la crisis
política boliviana: La del presidente, que ante una sociedad polarizada
apela a la negociación, al consenso, a un proceso deliberativo, cuyo
fracaso permite recurrir al Derecho para superar el impase; y la de los
grupos de poder asentados en el oriente, que haciendo eco de un proyecto
autonómico arbitrario no perdonan la asunción al poder de un indígena
que viene cuestionando los privilegios oligárquicos insanos del gran
capital.
¿Cuál es la diferencia? La salida a la crisis planteada por el
presidente es legítima, legal y constitucional, puesto que el referéndum
revocatorio está previsto como una institución de participación
ciudadana regulada por el ordenamiento jurídico del Estado; mientras que
el referéndum autonómico promovido por Santa Cruz no es ni legítimo, ni
legal. Menos constitucional. Veamos porqué y para ello recurriremos a la
experiencia española como modelo de conformación de autonomías e
inspiración de la pretensión cruceña.
No está en tela de juicio los principios de autodeterminación de los
pueblos, la conformación de autonomías territoriales, ni mucho menos la
reivindicación de las provincias bolivianas por un sólido proceso de
descentralización. Resulta perfectamente legítimo que Santa Cruz,
Tarija, Beni, Pando, o cualquier otra provincia, reivindique no
solamente autonomía plena sino también identidad propia como naciones
diferentes. Al fin y al cabo en Bolivia conviven el castellano, quechua,
aymara, guaraní, 52 lenguas nativas y 127 dialectos.
No obstante, tal reivindicación no puede hacerse sin la observancia
plena de la institucionalidad y las reglas de juego. En España, cada una
de las 17 comunidades autónomas posee su estatuto propio, salvo Ceuta y
Melilla que tienen un tratamiento especial. Para que los estatutos sean
válidos y entren en vigencia requieren dos aprobaciones: Primero en los
Parlamentos autonómicos (lo que en Perú serían los Consejos Regionales)
y finalmente en las Cortes Generales (el Parlamento Nacional).
¿Qué sucede si las Cortes Generales de España le dicen NO a un estatuto
de autonomía? Sencillamente ese estatuto no tiene validez oficial y no
rige en la comunidad autónoma. Esta regla evita que los nacionalismos
regionales actúen arbitraria y antidemocráticamente como lo pretende
Santa Cruz, pues aunque el apoyo en la región sea unánime no puede
actuarse ignorando la existencia de un Estado unitario. Lógicamente,
situaciones antagónicas se evitan por las negociaciones políticas
previas entre el gobierno y los partidos políticos regionales, acuerdos
que tienden a superar sobretodo los problemas competenciales y de
financiación autonómica.
Es más, como los estatutos de autonomía tienen rango de ley orgánica
están sujetos a cuestionamiento en el Tribunal Constitucional. Como
ejemplo tenemos el nuevo estatuto de Cataluña que aún no entra en vigor
dado que el partido de la derecha (opuesto a la diversidad de España)
interpuso una acción de inconstitucionalidad sobre algunas
disposiciones. El Tribunal tiene en agenda pronunciarse sobre la
impugnación planteada. Por lo tanto, las reivindicaciones autonómicas no
vienen del aire, no están aisladas. Obedecen a un marco institucional
previamente aprobado y respetado por todos.
Los referéndum de autodeterminación que hubo en Canadá se pronunciaron
en contra de que Québec sea un Estado independiente y así lo aceptó la
clase política, los grupos de poder y la ciudadanía. El referéndum por
el que Montenegro decidió constituirse en país independiente de Serbia
también fue acatado por los actores socio políticos y por la comunidad
internacional. En ambos casos, con distintos resultados, se respetaron
cada una de las reglas de juego, procesales y sustanciales, so pena de
invalidar la autodeterminación. Kosovo es un caso extremo que supuso una
excepción a la regla.
Los grupos de poder, grandes en capital e insignificantes en número, y
los “Kambas” están advertidos respectos a sus ilegítimos e
inconstitucionales proyectos separatistas. Es inaceptable desconocer la
mayoría indígena boliviana; es inconcebible pasar por alto el 54% de
respaldo electoral que tuvo el MAS en las últimas elecciones
democráticas; y es irresponsable plantear separatismos por concentrar un
porcentaje significativo de PBI. Si la democracia es respetar la
decisión de la mayoría ¿porqué resquebrajarla cuando los excluidos de
siempre intentan gobernar como nunca? ¿O es que se quiere instaurar en
Bolivia caudillos militares de corte fascista como logró Henry Kissinger
en Chile tras la muerte de Allende?
¿Cuál es entonces el imperativo moral de Bolivia? Negociar políticamente
la superación de la crisis; preparar el terreno para que la ciudadanía
sin manipulación alguna, más que su voluntad y lealtad ideológica, acuda
a las urnas a decidir la suerte del país; respetar el veredicto final
que arrojen las ánforas; aceptar el nuevo pacto social que prevea la
inclusión de la mayoría en la vida política del Estado. Los grupos de
poder deben respetar la vía institucional para conseguir sus
reivindicaciones. La utilización de su poder económico para movilizar
medios de comunicación y partidos fieles a su causa, con el propósito de
desestabilizar el país, no se condice con los presupuestos básicos de la
democracia liberal. La mayoría lo decide el pueblo en votación, no el
capital en acción ni una irresponsable oposición. |
