El Regional de Piura:
22 de mayo del 2008
Desde hace buen tiempo es una necesidad clamorosa la creación de una
autoridad ambiental de alto nivel. Varias razones hacían que esa
necesidad ya fuera urgente.
Hace tiempo que hay demasiados conflictos sociales por razones
ambientales. Igualmente hace tiempo que vivimos en medio del deterioro y
en algunos casos del desastre ambiental. Nuestro país está seriamente
amenazado por el cambio climático. Es dramática la pérdida de nuestros
glaciares y los riesgos que eso trae para el futuro cercano.
Desde hace años había reclamos y propuestas de diversas instituciones
públicas y privadas, que demandaban la creación de una alta autoridad
ambiental para que encare esos problemas. Todas esas propuestas
lamentaban que no hubiera esa autoridad y que las funciones ambientales
estuvieran dispersas en multitud de ministerios u organismos.
Dichos pronunciamientos señalaban el caso del sector Energía y Minas,
que tiene su propia dirección de asuntos ambientales pero a la vez se
encarga de promover la inversión. Un caso de conflicto de intereses muy
claro pues ¿Cómo se puede promover contratos con empresas y a la vez
fiscalizarlas imparcialmente? La pobre fiscalización ambiental de este
sector, precisamente, es la causa de tanto conflicto social que hay
alrededor de mineras y petroleras.
Pese a la larga insistencia de este reclamo, el actual Gobierno recién
dio pasos concretos a raíz de la negociación del TLC con los EEUU y por
las presiones de los congresistas norteamericanos. Formó una comisión
del Ejecutivo para que presentara una propuesta de nuevo ministerio.
Hubiera sido una señal de respeto al Congreso y a la ley que el Gobierno
le presentara esa propuesta. Al Congreso le corresponde aprobar las
leyes de creación de ministerios. Recibida esa propuesta, el Congreso la
hubiera consolidado con otros proyectos que ya había sobre el mismo
tema.
Sin embargo, Don Alan García prefirió aprovechar las circunstancias de
la Cumbre ALC UE para precipitar la creación del ministerio de ambiente
a través de un decreto legislativo, el 1013. No le importó proceder de
manera ilegal, forzando las facultades legislativas que le dio el
Congreso, con tal de ganarse el crédito mediático durante la Cumbre.
El Congreso tendría que defender sus atribuciones y hacerse respetar. El
primero en hacerlo debería ser el presidente del Congreso.
Lamentablemente prefirió avalar la ilegalidad del proceder del Ejecutivo
acompañando la promulgación del decreto. Los congresistas tendríamos,
por lo menos, que enmendar esa actuación por dos razones de peso.
Primero, para hacer valer los fueros del Congreso, pues con el pretexto
de la urgencia de las leyes, hace décadas, desde 1980, que se abusa de
los decretos legislativos para traer a menos la función legislativa del
Congreso y disminuir su imagen ante el país. Así es como, pasando sobre
las instituciones, se van construyendo los liderazgos personalistas que
después se trasforman en autoritarios.
Segundo, porque el decreto legislativo 1013 configura un ministerio que
no cambia significativamente la situación de dispersión y de debilidad
fiscalizadora de las funciones ambientales en el país. Se le han dado
solo algunas funciones importantes, pero, para poner un solo ejemplo,
varios ministerios, como el de Energía y Minas, seguirán aprobando los
estudios de impacto ambiental y reteniendo otras funciones ambientales.
Además, diversos especialistas e instituciones ambientalistas han
señalado otras deficiencias importantes al mencionado decreto. Lo cual
muestra que el personalismo, por ganar primeras planas, con frecuencia
improvisa y falla. Por eso, mientras el nuevo ministro busca oficina y
personal, el Congreso tiene tiempo de sobra para por lo menos modificar
la norma y ayudarlo a que tenga más autoridad. |
