El Regional de Piura:
23 de mayo del 2008
A seis años de iniciado el último proceso de descentralización no cabe
sino expresar con desasosiego la proximidad de su partida. La conversión
del aprismo y su giro previsible a la derecha parece haber contagiado a
la distribución territorial del poder, pues si en la década del 80 se
apostó por autonomías regionales incipientes, hoy la apuesta política de
Alan García es la centralización del poder bajo el velo de una
descentralización iluminista en su forma pero retrógrada en su esencia.
La promulgación de la ley 29230, ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado, es una muestra
evidente de mi afirmación. En efecto, la norma prevé que vía convenios
interinstitucionales el sector privado podrá financiar y/o ejecutar
proyectos de inversión pública, siempre que ellos cuenten con
declaratoria de viabilidad y que estén en armonía con los planes de
desarrollo nacional, regional o local. Me pregunto ¿El Perú tiene un
plan nacional de desarrollo? ¿De qué plan habla el gobierno?
Sin duda, estamos otra vez ante una farsa del Ejecutivo. En el Perú los
únicos que hacen planificación para el desarrollo son las regiones y las
municipalidades. Los ministerios sólo tienen planes sectoriales
descoordinados y huérfanos de un objetivo común. El “Acuerdo Nacional”
tampoco se aproxima a lo que es un plan nacional de desarrollo. Sostener
lo contrario constituiría un despropósito mal intencionado, pues en el
país no se planifica desde hace 15 años. El Instituto Nacional de
Planificación (INAP) fue desactivado por Fujimori y el novedoso CEPLAN
no existe funcionalmente. Por lo tanto, no sabemos hacia dónde vamos, ni
qué proyecto de país queremos.
Ahora bien, ¿la participación de los privados en el desarrollo regional
y local es negativa? NO. Me atrevo a decir que la participación de
empresas responsables en la implementación de políticas públicas es un
valor agregado del que ningún gobierno debiera prescindir.. Al fin y al
cabo las sociedades de hoy que mejor pueden garantizar la gobernabilidad
son aquellas comunidades políticas cuyos gobiernos las dirigen a través
de redes de actores que se relacionan interdependiente y
horizontalmente, en pos de intereses colectivos.
Mi oposición no es a la participación de los privados como socios del
desarrollo, sino a la intromisión del Ejecutivo alegando de modo
utilitario la supuesta “incapacidad” de los gobiernos subnacionales para
ejecutar programas y proyectos, como si el gobierno central detentara el
monopolio de la capacidad para gestionar efectiva y eficientemente
políticas de infraestructura. Pero ¿existe una concreta intención
centralista del APRA o es que se trata de un mero subjetivismo? Sin duda
se trata de lo primero. Veamos porqué.
El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo el año pasado. El
Congreso decidió, en diciembre, su regreso a comisión para un mejor
estudio. El 17 de abril de este año fue aprobado en primera votación
pero rechazado en segunda. No sabemos porqué el pasado 08 de mayo la
“Junta de Portavoces” dispensó de segunda votación, siendo promulgado
por el gobierno el 19 de mayo sin mediar observación alguna pese a que
el Parlamente aprobó una autógrafa distinta al contenido del proyecto
inicialmente planteado.
¿Porqué la ley no fue observada por el Ejecutivo? Porque la motivación
del gobierno no es impulsar el desarrollo regional o local, sino atraer
inversión privada a toda costa, pasando por alto las normas básicas de
adquisiciones y contrataciones del Estado, burocratizando la gestión
pública, regulando innecesariamente convenios interinstitucionales y
pretendiendo deliberadamente la participación de “Proinversión” para
corregir el supuesto déficit de gestión que padecen los gobiernos
subnacionales.
Es cierto que no todas las municipalidades son eficaces, responsables y
eficientes. Algunas tienen altos recursos que aún no están siendo
invertidos. Pero la falta de inversión pública no necesariamente es
producto de incapacidad de gestión, sino que obedece además a otros
factores contingentes como la rigidez del SNIP, algunas restricciones
presupuestarias, la desfavorable ubicación geográfica que impide la
presencia de capitales privados, la carencia de infraestructura vial que
evita dinamismos económicos y comerciales, etc.
No obstante, ¿Porqué los gobiernos subnacionales no pueden suscribir
convenios institucionales con los privados de manera autónoma? El
mensaje del APRA resulta plausible: No sólo existe incapacidad de
gestión, sino incapacidad para realizar procesos de selección y peor aún
incapacidad para pagar a privados que ejecuten proyectos en sus
jurisdicciones. Por eso el MEF emitirá los certificados de inversión
pública regional y local (CIPRL) para pagar las inversiones que realicen
las empresas constructoras, debitando un porcentaje del canon,
sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y otras participaciones, para
aquellos gobiernos que se acojan a esta ley.
Paternalismo puro a todas luces. Probablemente algún defensor de la
norma sostenga que esta ley no obliga sino sólo faculta. Pero ¿para qué
el legislador pierde el tiempo aprobando normas que no tienen carácter
vinculante? ¿Para qué regular cuestiones que no necesitan intervención
estatal puesto que los convenios de colaboración entre entidades público
privadas no están prohibidos? Los convenios son voluntarios bastando
únicamente la aceptación de las partes y la observancia de la legalidad
y el orden jurídico.
La ley aunque sea meramente facultativa tiene una trampa: Muchos
gobiernos subnacionales se acogerán a ella para sortear las trabas que
ha generado un sistema de inversión pública cuestionado. El pragmatismo
irresponsable cobrará protagonismo para dar la apariencia de que las
cosas funcionan correctamente en una localidad. Pero la cosa no queda
allí. Implícitamente el gobierno pretende redireccionar el canon a obras
viales, pavimentos e infraestructura, necesarias por cierto pero
insuficientes para el progreso social. Y ¿qué hacemos con el desarrollo
tecnológico?, ¿habrá recursos para invertir en desarrollo de
capacidades?, ¿qué hacemos con aquellos programas de sensibilización e
innovación cuyo coste económico es complejo de cuantificar?
Asimismo, la norma es tendenciosa al punto de pasar por alto el
presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque señala que los gobiernos
subnacionales remitirán a ProInversión una lista priorizada con los
proyectos a financiar y/o ejecutar, pero ¿no se supone que el CCL o el
CCR con apoyo del equipo técnico priorizan los proyectos formulados en
el presupuesto participativo? ¿Qué sucederá si un alcalde o presidente
regional utiliza esta herramienta para desconocer los acuerdos firmados
en concertación con la sociedad civil?
No todos los alcaldes son democráticos, ¿o sí? Es cierto que el
Parlamento, con o sin intención, ha generado mayor trámite burocrático y
ha preferido regular de modo abierto sin señalar, por ejemplo, en qué
momento debe hacerse la selección de empresas. Es decir, ¿seguirá
vigente el proceso previsto por la ley de contrataciones y adquisiciones
del Estado? Si es no, desactivemos el sistema de contrataciones por
infuncional, y si es sí no era necesario aprobar una ley, pues después
de adjudicado la buena pro las entidades suscriben un contrato de
ejecución en el que bien podrían preverse cláusulas de colaboración.
De todas formas, esperemos las especificidades que señalará el
reglamento de la ley. Seguramente se impondrá vía decreto supremo todas
aquellas disposiciones que estuvieron previstas en el proyecto inicial
del Ejecutivo, cuya intencionalidad desnudan desde mi perspectiva dos
propósitos: El mensaje de que los gobiernos subnacionales no pueden
autogobernarse, siendo innecesaria todo intento de descentralización; y
tirarse abajo el sistema de contrataciones del Estado para favorecer a
empresas amigas, allegadas al régimen, empresas familiares, con la
complicidad de autoridades locales y regionales irresponsables. La mesa
está servida para las corruptelas. |
