El Regional de Piura:
31 de mayo del 2008
La independencia de poderes asegura la protección del individuo frente
al poder público. En este modelo, ningún gobernante o Parlamento puede
abusar del ejercicio de su poder o concentrar potestades. La
arbitrariedad es excluida en nombre de la racionalidad del Derecho. En
términos concretos, una democracia que se precie de tal tiene una
institucionalidad que divide las funciones del Estado entre diversos
órganos. El modelo de Montesquieu implica que "yo individuo", aplastado
por el peso de la Administración, puedo recurrir a un juez que hará
valer mis derechos. Sólo en ese caso, el ciudadano puede tener una
relación de igual a igual con el poder y no ser un súbdito de él.
Lo que se observa en Bolivia es una tendencia a neutralizar al sistema
de Justicia, empezando por el descabezamiento calculado del Tribunal
Constitucional. Se entiende que en la lógica del actual proceso
político, las presiones populares por demandas insatisfechas, las
demandas privadas frente a las nacionalizaciones, las pretensiones
autonómicas regionales y toda resistencia a la agenda del Presidente
Morales, deben ser comprimidas. Toda transformación (buena o mala) trae
reclamos, toda "revolución" super anunciada trae impaciencia colectiva,
toda exclusión (pues el "indigenismo" también termina siendo excluyente)
trae oposiciones radicales. El séquito del Gobierno lo sabe y sabe
también que los cambios extremos (a falta de consenso) sólo pueden
imponerse por la fuerza, sino obsérvese la forma en que se pretendió
aprobar la Constitución. Y si es así, la opción razonable del Gobierno
es, posiblemente, debilitar los mecanismos formales de protección de
derechos y de control de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo y el
Parlamento. El primer objetivo visible es, por ahora, la jurisdicción
constitucional, porque ella es clave. Un estudioso sesudo del Derecho
descubrirá que en una sociedad cuyo control constitucional está
concentrado, el poder real lo tiene antes que el Poder Judicial, el
Tribunal Constitucional, pues equilibra la relación entre los poderes
públicos. En ejercicio de prospectiva y dado el análisis del proceso
político boliviano y de sus influencias, la viabilidad del modelo del
MAS pasa por el acorralamiento de todos las fuerzas resistentes, uno de
ellos es el sistema judicial en su conjunto.
El caso más tangible de neutralización e injerencia fue el intento del
Gobierno por introducir sus piezas en el Poder Judicial y la
consecuencia directa de ese hecho, cuando se enfrentó al Tribunal
Constitucional mediante un juicio de responsabilidades que no aportó al
Estado de Derecho sino que más bien neutralizó a una institución clave
para el control del poder en Bolivia (y desde luego en cada una de sus
regiones).
Al margen de si tales hechos corren del lado de los intereses
gubernamentales por paralizar el control de la constitucionalidad,
existe un problema concreto que se debe enfrentar. El oficialismo tiene
la oportunidad de demostrar que detrás de todo no hay un plan por
liquidar la independencia judicial y el control al poder. Pero este no
es sólo un tema que compete a la oposición sino también a los propios
individuos. Si el Congreso no cubre las vacantes faltantes, no sólo la
institucionalidad y las garantías de la minoría queda vulnerable, sino
los propios derechos ciudadanos que podrían ser afectados por una ley
autoritaria o con nombre propio, contraria al texto de la Constitución
vigente. El asunto es tan grave, que la indefensión constitucional
debería ser un debate fundamental en una Bolivia dividida en
regionalismos y movilizaciones, tan poco propensa al diálogo. Esta
incapacidad redunda, precisamente, en que el oficialismo y la oposición
no designen a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional,
los tres vocales de la Corte Electoral y el titular de la Fiscalía
General, aún faltantes.
Esta acefalía institucional es la que nos lleva a la sospecha.
Insistamos en preguntarle al Gobierno ¿Querrá el oficialismo que cunda
la sospecha de que detrás de todo existe un proyecto autoritario? ¿No se
"legitimaría" el modelo del Presidente Morales si es que se circunscribe
en un Estado de Derecho? ¿Permitirán que la oposición tenga argumentos
que sugieran la progresiva instalación de un régimen autocrático y
excluyente? Suponemos que no. Sin embargo, allí donde no hay formas de
controlar al poder subyace también la sospecha de que este
desguarnecimiento de la legalidad y los derechos ciudadanos responden a
un plan mayor.
La elección de los nuevos magistrados es, por todo lo antedicho, 'un
mandato imperativo' para el Congreso y una seña necesaria de buena
voluntad democrática para el Gobierno. El Presidente democrático, Evo
Morales, y su bloque parlamentario tienen la oportunidad histórica de
dar una lección de democracia y de respeto a la separación de poderes,
que es lo mismo que respeto a la soberanía del individuo. Su otra opción
es alinearse del lado de aquellos que han enturbiado, con sus ambiciones
propias, la azarosa historia de nuestras naciones. |
