El Regional de Piura:
03 de noviembre del 2008
ERP. El alcalde de Sullana Jaime Bardales Ruiz, ingresó al gobierno
local el año 2006. Durante sus alocuciones expresaba que su gestión
estaría integrada por funcionarios A-1-; pero tal afirmación nunca se
cumplió. Designó a una novata en el cargo de gerente municipal y se
rodeó de personajes oscuros en presupuesto y planificación, en asesoría
legal e instancias claves de la administración municipal. Después de los
cuestionamientos contra su gerente municipal Janet Angulo Fuentes, no
tuvo otra alternativa que sacarla del cargo y como para acentuar su
descrédito, puso en su reemplazo al abogado Jim Merino Merino. La
historia del abogado talareño no es nada santa. Sus antecedentes, el
análisis de los casos y las acusaciones que pesan en su contra; así como
la amplia confianza que le ha dado Jaime Bardales Ruiz, indican que
tanto alcalde como gerente se condescienden y se entienden bastante
bien. Aquí, un informe especial preparado por el periodista Juan Uriol
Tassara sobre la negra historia del actual gerente municipal de Sullana
Jim Merino Merino.
Sullana. Sorprendido, así se mostró el ciudadano José Dolores
Ayala Chunga cuando por intermedio del Diario El Regional se enteró que
el abogado Jim Merino Merino trabaja en la Municipalidad de Sullana. No
podría ser de otra manera, Merino Merino es bastante conocido en el
distrito de El Alto y los antecedentes con indicios irrefutables de dolo
lo descalifican para el ejercicio de cargos públicos. El caso es
como de esos que el Estado peruano promueve y que permiten que la
corrupción avance en desmedro de la población de un territorio.
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Acusado de
corrupción se recicla como funcionario público en Municipalidad
de Sullana. |
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Jaime Bardales
Ruiz, se ha rodeado de funcionarios poco recomendables. Su
actual gerente municipal ha sido acusado de actos de corrupción
y pronto responderá en juicio oral por la compra irregular de la
planta desaladora de El Alto. |
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Seguimos el rastro de este abogado talareño después que entre acciones
dudosas se adjudicó unos lotes de terreno a la Asociación de Desarrollo
de Sullana, más conocida como ADUS. Solo una persona osada se habría
atrevido a llevar adelante un proceso con nombre propio y más aún,
lograr que la indicada asociación obtuviera la subasta ofertando no más
de 2 soles el metro cuadrado. Es decir un negocio redondo que compromete
no solo a Jim Merino Merino, quien fue el presidente de la Comisión,
sino también al mismo alcalde de Sullana. De esta asunto, nos hemos
ocupado en otras oportunidades.
El actual gerente de la Municipalidad de Sullana Jim Merino ha sido
acusado de los Delitos de Peculado, Abuso de Autoridad y Falsificación
de Documentos en agravio del Estado y de la Municipalidad de el Alto. En
el hecho que luego detallaremos, Jim Merino Merino, Manuel Muñoz
Castillo, y Ricardo Palacios Núñez, demostraron que cuando se trata de
beneficios personales no tienen reparo alguno para actuar. El tiempo ha
pasado e incluso tras su designación como gerente municipal de Sullana
dio una entrevista en un medio escrito sustrayéndose de la enorme
responsabilidad que le cabe; pero, para fortuna de los pobladores de El
Alto y en cautela de los de Sullana, el proceso penal sigue firme en
Sullana y aunque con la lentitud que es propio del Poder Judicial pronto
entrará a responder por las acusaciones de dolo.
El caso de la planta desaladora
Existen otros casos en proceso penal que tienen como co-acusado a Jim
Merino Merino, pero en este especial solo nos ocuparemos de la compra de
una planta desaladora en el distrito El Alto. Para quienes conocen
de administración municipal, bastaría leer el expediente penal para
darse cuenta que la situación es seria y demuestra la personalidad de
Merino Merino.
En el año 2003, el acusado Jim Merino Merino era asesor legal de la
Municipalidad de El alto. La situación de esta pequeña municipalidad
había cambiado y de los nimios recursos de que era beneficiaria, pasó a
recibir ingentes cantidades de dinero producto de la modificación de la
Ley del Canon. Al verse con montos inesperados tanto el alcalde Manuel
Muñoz Castillo, como su gerente municipal Ricardo Palacios Núñez, y el
asesor legal Jim Merino Merino, pretendieron solucionar un problema
añejo de la zona petrolera como es la inexistencia de agua potable. La
decisión era buena, pero las acciones que realizaron los ahora acusados
penalmente, no.
Decidieron comprar una planta desaladora, la misma que ahora es un
elefante blanco y símbolo de la vergüenza de la corrupción estatal. Para
hacer la compra decidieron y sin que medie justificación legal alguna,
declarar el proceso como de "Situación de urgencia" es decir
convirtieron el proceso bajo las facilidades de la menor cuantía y no
llevaron adelante una licitación como debería haber sucedido.
Este hecho fue denunciado por los regidores de El Alto, pero su trajín
fue tan sacrificado y poco escuchado en una primera instancia, que fue
imposible impedir la compra irregular. Según consta en los documentos,
el ex alcalde Múñoz suscribió el contrato con la empresa ASTHER SAC PERU
el 09 de octubre del 2003. Esta empresa como su par española se
demostró después que era de reciente creación y que el Comité Especial
donde figuraba Merino y Palacios no había contemplado los pormenores.
Después y está registrado en los antecedentes se hizo una mezcolanza de
hechos que ameritan la responsabilidad a las ex autoridades de El Alto.
Tenemos todos los elementos que demuestran la actuación de funcionarios
y empresas Asther SAC Perú y Asther Sl de España, pero obviamos para no
hacer perder claridad al informe. Lo que si quedó demostrado que al
final se ejecutó un contrato con una empresa que no se había contratado
y que igualmente el ciudadano Ismael Alan Acevedo Pereyra terminó
denunciando lo que a todas voces se conocía al interior de la comuna de
El Alto. Es decir, la corrupción en que habrían incurrido Muñoz como
alcalde, Palacios como gerente y Merino como asesor legal.
El secreto "secretísimo"
Un hecho gracioso que demuestra la osadía de Muñoz, Merino y Palacios,
es la calificación de "Reservada" que se dio a la documentación de la
compra de la planta desaladora. En efecto, los regidores para una mejor
toma de conocimiento solicitaron se les provea copia de los documentos
de la compra vía menor cuantía, sin embargo, eso nunca sucedió y en todo
momento se obstaculizó que los regidores conozcan en detalle los
entretelones de una compra irregular e ilegal que ahora enfrentará a los
acusados con la justicia.
Frente a esta circunstancia, para salvar responsabilidad, los regidores
de aquel entonces no solo denunciaron penalmente a los presuntos
responsables, sino que se dirigieron con documentos a Contraloría
General de la República, Fiscalía de la Nación y toda instancia
necesaria para que se conozca la calidad de los funcionarios que en el
2003 participaban del gobierno en la Municipalidad de El Alto.
Denuncia Penal
Al observar que la compra de la planta desaladora había trastocado toda
la normatividad, el regidor José Ayala de manera valiente procedió a
formular denuncia penal que ha dado origen al expediente N° 913-2005
seguido contra el actual Gerente de la Municipalidad de Sullana, abogado
Jim Merino Merino y sus co-acusados Manuel Muñoz Castillo y Ricardo
Palacios Núñez. En la denuncia que ya tiene 4 años, se
explica en detalle los motivos de acusación del funcionario Merino que
ahora se recicla como si no hubiera pasado nada, en la Municipalidad de
Sullana, gracias a la condescendencia del alcalde Jaime Bardales Ruiz.
Contraloría General de la República encontró responsabilidad
El Regional llamó a Contraloría General de la República para conocer
sobre el proceso penal, aunque no nos dieron en detalle la información
nos permitió conocer que también participaron en las investigaciones y
el resultado de la acción de control obra en el expediente penal.
De acuerdo a la Resolución de Contraloría General de la República Nº
103-2006-CG, se ha logrado comprobar que:
"que, en la adquisición del Módulo de Planta Desaladora, funcionarios de
la Municipalidad Distrital de El Alto, habrían incurrido en una serie de
irregularidades, tales como: 1) efectuar la adquisición en vías de
excepción, señalando para tal fin la causal de Situación de Urgencia,
respecto de la cual no se configuraron las condiciones exigidas por la
normativa 2) el Comité Especial fijó la fecha de conversión de
euros de la oferta del postor invitado, al margen de las normas, lo cual
incrementó el precio de la oferta ganadora y en perjuicio económico de
la Entidad; 3) en la ejecución del contrato correspondiente, se
suscitaron retrasos en la instalación y puesta en funcionamiento de
dicha Planta, no habiéndose aplicado al contratista las respectivas
penalidades por S/. 82 968,04, así como que se aprobó una ampliación de
plazo sinsustento técnico y legal, lo que ha ocasionando un perjuicio
económico total por S/. 232 941,84 y de 19 553 euros; hechos que
constituyen indicios razonables que hacen presumir la comisión de los
delitos de -, previstos y penado en los Artículos 384º, 376º y 428º del
Código Penal vigente".
Igualmente la Acción de Control es lapidaria contra Jim Merino Merino,
Manuel Muñoz Castillo y Ricardo Palacios Núñez; cuando en uno de sus
párrafos la acción de control precisa que:
"...con relación a la ejecución de las obras civiles y eléctricas del
Módulo de Planta Desaladora de Agua de Mar, se observa actos irregulares
relacionados con, entre otros, los siguientes hechos: 1) se aprobaron
los expedientes técnicos de obra sin contar con la conformidad técnica,
así como invocando documentación emitida con posterioridad, lo cual
derivó en la contratación de Partidas en forma repetitiva; 2) se
reemplazó el Cuaderno de Obra N° 2, y cuyo contenido difiere del
original, estando ambos firmados por el ingeniero residente y supervisor
de obra; hechos que incidieron en la determinación de los días de
retraso y la consecuente aplicación de las penalidades por mora; y
3) se dispuso el trámite y ejecución del pago del adelanto por
materiales al contratista, por S/. 300 000,00, sin exigir las
respectivas facturas, y, sin premunirse de las garantías
correspondientes, las mismas que fueron presentadas en vías de
regularización y sólo por un monto parcial; hechos que han ocasionado a
la Entidad un perjuicio económico por la suma total de S/. 55 343,51, y
que, asimismo, constituyen indicios razonables que hacen presumir la
comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Contra la Fé Pública,
previstos y penados en los Artículos 384° y 427° del Código Penal
vigente".
Todos estos elementos forman parte del expediente penal que se encuentra
en la Sala Penal Descentralizada de Sullana y la acción de control se
sintetiza de manera coherente y diáfana, que el abogado Jim Merino
Merino, ahora gerente municipal de Sullana, sus co-inculpados Manuel
Muñoz y Ricardo Palacios Núñez no escatimaron acción alguna para
consumar una compra que perjudicó las arcas municipales de El Alto.
Acusación fiscal
El caso penal de la Planta Desaladora de El Alto, tiene el número
proceso penal N° 913-2005 y pronto se dará inicio al juicio oral donde
los acusados desfilaran para explicar del porqué de sus presuntos actos
de corrupción, que puso en tela de juicio cerca de 3 millones quinientos
mil nuevos soles de las arcas de la Municipalidad de El Alto.
En este proceso penal, también se le sigue instrucción al ex- alcalde de
El Alto, distrito de la provincia de Talara- Perú, Manuel Agustín Muñoz
Castillo (que fue revocado por la población alteña); a los inculpados
Ricardo Palacios Núñez, Santos Oscar Canales Farfán y Oscar Añazco
Espinoza por los Delitos de Peculado, Abuso de Autoridad y Falsificación
de Documentos en agravio del Estado y de la Municipalidad de el Alto -
Perú.
El Señor Fiscal Superior en lo Penal ha solicitado en su Acusación
Fiscal que se le imponga a los mencionados procesados una pena de cinco
años de prisión y una Reparación Civil de cuatro mil soles a favor de
los agraviados. Si se es consecuente con lo afirmado por el Premier de
la República, que la lucha contra la corrupción será a muerte, es de
esperar que el abogado Jim Merino Merino sea condenado a pena efectiva y
se habrá hecho justicia con la población de El Alto, en todo caso, la
Sala Penal Descentralizada de Sullana tiene la decisión.
El inicio del juicio oral ha sido programado para el 11 de Noviembre del
2008 a las 10 de la mañana.
Transparencia y moralidad que debe mostrar el alcalde de Sullana
Lo detallado en este informe es esclarecedor, las conclusiones de
Contraloría General de la República son suficientes para licenciar de un
cargo público a una persona de dudosa reputación. Jaime Bardales Ruiz,
cuyas acciones son muy criticadas en Sullana debería de decirle con
acciones a la población de Sullana que su gestión es transparente y
honesta. Manteniendo a personas como Jim Merino Merino, simplemente
actúa en sentido contrario. |
