Un culpable
no tan culpable
SUCESOS DE ILAVE LLEVÓ A LA CENSURA
POLÍTICA DE MINISTRO DEL INTERIOR
(06 de Mayo del 2004) El Congreso de la República, censuró por 62
votos al ministro del Interior Fernando Rospigliosi Capurro. Esta medida la
adoptó, por considerarlo responsable de los acontecimientos que se
produjeron en Ilave, Pasco, con la triste consecuencia de un alcalde y un
regidor fallecido. Los congresistas de la República, hábiles para encontrar
culpables y para sustraerse de este problema, prefirieron cortar una cabeza,
tanto como los Aymaras decidieron darle muerte a su alcalde.
El
problema no es tan simple, tampoco se acaba con una censura. A nuestro
criterio, quienes deberían ser censurados son los censuradores por aportar
poco a la construcción de una institucionalidad, que ponga al servicio del
país los estamentos del Estado y entre ellos los recursos, las oportunidades
y las capacidades que se requieren para promover procesos de desarrollo.
El
levantamiento del pueblo Aymara contra el sistema, no debe entenderse como
el efecto directo de una muerte y un levantamiento masivo; tienen que
analizarse sus causas y estas se encuentran en el estado de marginación y de
exclusión de las provincias y sus pobladores, que se sienten frustrados por
los resultados de una democracia, que podría ser el mejor sistema de todos,
pero que no lo es, más por la falta de capacidades de sus gobernantes que
por las deficiencias del sistema.
Quizá
pocos observadores se han dado cuenta de la suntuosidad del Palacio
Municipal, contrariamente a las evidencias de pobreza que se observa en el
pueblo de Ilave. Este problema, el de la incapacidad e ineficiencia para
entender los problemas fundamentales de la población, no es único de este
pueblo serrano, que tuvo el coraje de levantarse para expresar que no
estaban conforme con una forma de Gobierno.
Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que el pueblo buscó a la autoridad que se
encuentra más cercana a sus frustraciones y encontró a un alcalde, que no
supo leer los sentimientos y menos entender las necesidades de ese pueblo
que lo eligió legalmente, pero que no lo legitimó socialmente. Pero, el
asunto va más allá y llega a la crisis de gobernabilidad; a la falta de
eficiencia del Estado por construir una sólida nación.
Censurar a Fernando Rospigliosi es un desatino, tanto como el que cometen
los congresistas pagándose 16 sueldos de 26 mil nuevos soles, cuando el
pueblo peruano tiene que sufrir para conseguir un sueldo mínimo de 460
nuevos soles. La censura es por el efecto, más no por las causas y si de
censurar se trataría, el pueblo organizado que en estos momentos a nivel
nacional se encuentra levantado, censuró ya a Toledo y correligionarios,
pero siguen impertérritos sin entender el problema del Perú en su conjunto.
EDITORIAL
