Piura,04/01/2007
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
Gobierno Peruano
El Perú es signatario del Pacto de
San José. En este instrumento se ha considerado como mecanismos de
protección de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, en los
últimos días el debate se ha encendido sobre la pertinencia de los fallos de
esta última instancia supranacional y sobre la posibilidad de retirar al
Perú como estado parte.
La posición que ahora enarbola el
gobierno aprista, no difiere en absoluto sobre lo que hizo en su momento
Fujimori. García sin quererlo o queriéndole cada día se acerca más a la
posición del ex dictador. Fujimori realizó toda una campaña en contra del
CIDH cuando se emitió el fallo del caso de Castillo Petruzzi, y ahora
nuevamente por la sentencia emitida en el caso de la matanza de 41
terroristas en el penal Castro Castro el año 1992.
Basta que García hable para que
muchos corifeos lo secunden. La discrepancia viene por la obligación de
indemnizar a los deudos de los terroristas. Subyace el supuesto que los
derechos humanos son solo para unos cuantos y no universales como es. Los
derechos humanos reconocidos e incorporados en el derecho peruano son
para todos, y el Estado es el responsable de garantizar y protegerlos.
No puede evitarse creer que frente a
la masacre del Frontón, García pretendería protegerse. "Hoy por ti Fujimori,
mañana por mí" parece es el pensamiento de García y de su pléyade de
seguidores que han comenzado a objetar sobre el cumplimiento de un fallo,
dado en el marco jurídico internacional y que es obligación del Estado
Peruano simplemente cumplirlo.
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos es quien evitó que honorables magistrados del Tribunal
Constitucional se le infrinjan sus derechos humanos. El Estado cumplió con
lo ordenado e igual deberá cumplirlos hoy en el caso del asesinato de 41
presos. No debe haber hoy ni mañana objeción alguna, salvo que García haga
prevalecer su interés personal antes que el respeto a la jurisdicción
internacional.
Es irónico leer las apreciaciones de
algunos magistrados que fueron proclives al fujimorismo y que ahora se
cubren con un manto de independencia. Es irónico saber que es posible hacer
"leguleyadas" como esas de embargar las indemnizaciones de los familiares de
terroristas, y que defiende Flores Araoz y es irónico y censurable también
escuchar a Javier Valler Riestra en el sentido que las sentencias son solo
declarativas.
Las sentencias son para cumplirse, en
el derecho nacional y el internacional. Las sentencias luego de haberse
seguido el procedimiento regular, no admiten actuación en sentido contrario
de lo resuelto. Aboguemos por el respeto al Pacto de San José y en él los
mecanismos de protección de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
El Director
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