Funcionarios regionales y locales obviados en sus competencias para Reconstrucción con Cambios

Andrés Vera Córdova
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ERP. Sin una real evaluación de daños, desconociendo competencias regionales y locales, cuestionando la capacidad institucional de muchas entidades como Gobiernos Regionales, Locales, Contraloría y otras; el Parlamento acogió con modificaciones la aprobación de una Ley, que crea una autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), cuyo objetivo es la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de los territorios destruidos por lluvias y por la crecida de ríos.

Esta acción gubernamental que para muchos es buena, es una iniciativa que reconcentra en Lima las decisiones y competencias, ubica en un segundo plano a autoridades elegidas por el voto popular, le otorga competencias discrecionales a lo que se denomina Autoridad la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros, además de otorgarle autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.

El directorio que realizará el seguimiento y vigilancia no tiene ningún representante regional. Esto implica de alguna manera, el poco interés que el Ejecutivo tiene por las autoridades regionales; sin embargo, frente a la escasa o nula reacción de las regiones, demuestra que existe un retorno al viejo centralismo y más aún a las épocas de la España colonial con sus corregidores.

Lo gracioso es que consideran que en las regiones existen muchos gobernadores corruptos, cuando en realidad habría que mensurar quienes son investigados más y quienes realizan muchos actos vedados sin control alguno. Bastaría mirar que sucede con los presupuestos para saneamiento que maneja el Ministerio de Vivienda y Construcción, utilizándose para ello mucha inteligencia; sin duda, que los hallazgos serán muy aleccionadores para cambiar de concepción sobre el tema. 

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Se observa en la actitud de hace unas semanas de la ministra de Salud, quien desconociendo la nueva estructura de este sector, gritó a funcionarios, trabajadores y realizó su show mediático, ante la mirada pasiva, sumisa y desencajada del Director Regional de Salud de Piura y del director del Hospital Santa Rosa. Quizá su actitud de respeto pudo mantener callados a estos funcionarios, quienes de repente se vieron increpados de una manera inadecuada por esta funcionaria limeña.

Pero veamos algunos aspectos que trastocan lo avanzando en descentralización y que muchos por un pragmatismo indebido, renuncian a sus capacidades y competencias.

Llama la atención, que se habla mucho de planificación y la instancia competente para decidir sobre el particular es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, el cual no tiene ningún rol en la Ley aprobada. Se entiende que el Ejecutivo considera que solo con ministros puede realizar grandes logros y quizá considera que no lo necesita pues contará con la desesperación de autoridades regionales y locales que se pelearán por ver considerado un determinado proyecto, para su territorio.

Es esta instancia (CEPLAN), los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los que deben fortalecer en el proceso la planificación con todas sus imbricaciones. El ordenamiento territorial lleva implícita la demarcación territorial, el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, concesiones, catastro y titulación, desarrollo rural y zonificación urbana. Si se quiere avanzar bien, estos temas deben formar parte de los estudios, de la agenda y también de la legislación específica correspondiente.

Aunque existen aún muchos vacíos y que deben irse aclarando poco a poco; la situación de los consejos regionales y de los concejos municipales, es ambigua y quizá secundaria para establecer prioridades. Al haberse creado una superestructura encima de lo existente, el objetivo esperado se puede ver oscurecido por esta medida, que en la literalidad busca rehabilitar, reponer, reconstruir y construir en lo social y reactivar los sectores productivos.

Frente a este tipo de hechos, se cree que es la institucionalidad la que debe reaccionar para resolver los problemas creados por la naturaleza y por decisión política debe recibir todo el respaldo y apoyo necesario del Gobierno Central; para reconocer que no solo se trata de prioridades, sino de pertinencia, de participación social, de la academia y de colegios profesionales que se ubican en un territorio, como las regiones Piura, Tumbes, Lambayeque, Trujillo.

Todo hace indicar que al Gobierno Central le interesa lo mínimo el proceso de descentralización, igualmente renuncia a la riqueza de la sociedad civil, de colegios profesionales y gremiales, de la academia pública y privada, para establecer discrecionalmente desde Lima, el quehacer en regiones, en provincias y en distritos.

De acuerdo a los defensores de la norma, los Gobiernos Regionales y Locales, quienes tienen competencias muy definidas, solo tienen la posibilidad de proponer sus proyectos que irán en el Plan que se elaborará acorde a la Ley; pueden formularse observaciones en un plazo que se establece, pero la decisión de admitir una observación o no, corresponde a la Autoridad centralizada y creada por la Ley RCC.

Evidentemente, quienes conocen mucho más su territorio son la propia población y sus autoridades; la academia y colegios profesionales que se ubican en estos territorios y es esa ventaja comparativa que le puede dar mucha más riqueza a las intervenciones que se pretenden hacer.

Sin embargo, y como una medida propia del centralismo, se dirá que los gobiernos regionales si tienen nuevas competencias y claro, entre las responsabilidades que le corresponden se encuentran definir las áreas no mitigables, lo que implican una reacción local social que debe ser gestionada de otra manera. La protesta será en contra del Gobierno Regional y no del Gobierno Central.

Por ejemplo, quien debería definir para que los pobladores de los Polvorines de Piura salgan del lugar donde ahora están, es el Gobierno Regional; esto implica que el ente regional asumirá el conflicto de una gestión que solo es un observador complaciente. 

Finalmente, no se trata de ser adverso en las decisiones centralistas que se adoptan; sino de construir institucionalidad, es decir que sean las propias instituciones existentes, las que hagan en el día a día, prevención y otorgar al territorio las condiciones para una vida segura y saludable.