El 5 de abril de 1992 y la fragilidad de la memoria de los peruanos

Editorial
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ERP. El Perú fue en su momento un país políticamente inestable. Los golpes de Estado eran constantes y el penúltimo fue dado por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Juan Velasco Alvarado. Tras la crisis de este gobierno, Velasco fue reemplazado por Francisco Morales Bermudez, quien inició un proceso de retorno a la institucionalidad mediante la convocatoria a una asamblea constituyente.

La Constitución es la norma básica de todo Estado y con la mejor expectativa se promulgó el 12 de julio de 1979, entrando en vigencia el 28 de julio de 1980. Debido a la experiencia anterior se supuso que la Carta Magna regiría por los años venideros y sería el marco jurídico en el cual se desenvolverían las autoridades elegidas y no elegidas del Estado peruano, además de sus propios nacionales.

La Constitución consideró entre sus artículos dos aspectos básicos, primero la no reelección presidencial y segunda la imposibilidad de disolver el Senado, figura jurídica que consideraba cautelar la no repetición de hechos anteriores. Fue respetada por el presidente Fernando Belaúnde Terry quien gobernó de 1980 al 85, igualmente por Alan García Pérez en su primer gobierno e incumplida de manera abrupta por el presidente Alberto Fujimori en 1992.

Es decir, esta Constitución fue una de las más efímeras que ha tenido el Estado peruano. 

Tras ganar las elecciones en un contexto crispado, Alberto Fujimori se asentó en Palacio de Gobierno, escogiendo al inicio un grupo democrático para su gabinete. Fueron dos años del renacer de una esperanza, tras la frustración de muchos años y la crisis política generada por el Partido Aprista Peruano. Sin embargo, dos años después la direccionalidad del gobierno cambió. 

Dos problemas eran la preocupación del momento, uno de ellos la crisis económica y otro el terrorismo que mataba gente a mansalva.

Dos años después de haber asumido el poder, Alberto Fujimori decidió deshacerse de la Constitución Política del Perú de 1979, erigirse como un gobernante de facto, desaparecer la cámara de diputados y la de senadores, intervenir el Poder Judicial, desaparecer los gobiernos regionales y otorgar un poder omnímodo a las Fuerzas Armadas, quienes se convirtieron en el soporte fáctico del nuevo orden legal establecido en el país.

El 5 de abril de 1992, marcó la historia peruana y nos devolvió a la condición de país inestable. Con una población formada en la dictadura, los valores democráticos nunca fueron sólidos entre los peruanos y la muestra más palpable fue el apoyo mayoritario otorgado a Fujimori tras esta interrupción democrática. Más del 80% de los peruanos respaldó esa medida.

Sin embargo, lo que es, es. Una dictadura y de ella existen decenas de ejemplos en el país y otros similares de Latinoamérica, jamás ha sido el mejor sistema de gobierno. Debido a los escasos controles, sus gobernantes terminan envueltos en hechos arbitrarios, latrocinios públicos, violación de los derechos humanos, y así quedó demostrados años después cuando Alberto Fujimori quedó envuelto en sus propias decisiones y tuvo que huir del país.

Sin duda, que el motivo que aceleró su caída, fue la decisión de Fujimori de reelegirse por tercera vez. Para los fujimoristas, quienes aprobaron en 1993 una nueva constitución que permitía la reelección inmediata, era posible que Alberto Fujimori pudiera ser candidato una vez más. Evidentemente para esta interpretación no se contaba su elección de 1990 lograda vía Constitución de 1979.

Esta situación incrementó el rechazo y oposición de las fuerzas democráticas, quienes contra todo, no pudieron derrotar en las urnas al ex presidente Fujimori, quien se erigió como ganador de las elecciones generales por tercera vez. Antes de ello el Tribunal de Garantías Constitucionales había declarado inaplicable para el presidente Fujimori, el artículo que le permitía ir a la reelección.

Lo que pudo ser un triunfo para Alberto Fujimori, se convirtió en su boomerang. En efecto, ante la imposibilidad de lograr una mayoría propia en el Congreso de la República comenzaron a comprar con dinero a congresistas de otras organizaciones políticas. Esta iniciativa la realizó Vladimiro Montesinos, quien ejercía el poder oculto para dar legitimidad al gobierno fujimorista.

Un acto de infidencia llevó a conocer con detalles, lo que era una información a voces. En efecto, un vídeo donde Vladimiro Montesinos entregaba dinero a un congresista fue difundido marcando el fin de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori.

Los otros sucesos son más conocidos y recientes; Fujimori al verse descubierto pretendió cesar del servicio de inteligencia a su socio; éste se opuso primero y se fugó después; lo mismo hizo meses después el ex presidente Fujimori al huir a Brunei y después pasar a residir en el Japón renunciando a la presidencia vía fax.

Ambos han sido juzgados y se encuentran presos en el Perú. Además de Alberto Fujimori, fueron encontrados responsables de hechos ilícitos Vladimiro Montesinos y decenas de funcionarios de ese gobierno.

Sin embargo, lo que pudo ser una medida de asepsia política, al mismo estilo hitleriano regresa años después con el renacer de esta organización liderada por Keiko Fujimori. Parte de la población cree que renacen los peligros y la hija de Alberto Fujimori se compromete y hasta firma documentos de compromiso que no repetirán hechos violatorios a la Constitución y las leyes. Realidad o ficción, es lo que nos dejó la última estratagema de este grupo para desprenderse del pasado. 

Lo cierto, que siempre una práctica política autoritaria es pasible de repetirse y corresponde a los demócratas reales evitar que eso suceda. Es quizá el mérito de miles de jóvenes, quienes sin miedo alguno, salen a protestar a las calles en nombre de las víctimas de Barrios Altos y los crímenes de La Cantuta, como recuerdo fiel de lo más oscuro del gobierno de Alberto Fujimori.