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Vie, Abr

El ex presidente Alejandro Toledo Manrique y los 18 meses de prisión preventiva

Editorial
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ERP. Alejandro Toledo Manrique, el histriónico ex presidente de la República y muchas veces mitómano; ha caído en desgracia y las informaciones de corrupción generadas desde el Brasil le han ido directamente al corazón. De antiguo moralizador ha devenido en un personaje en apariencia corrupto e indigno de la majestad de un cargo tan importante como el que logró gracias a su historia de lucha e inteligencia.

De acuerdo a las acusaciones, la “Ruta del dinero” compromete a personajes que Toledo Manrique siempre mantuvo en su Gobierno y que eran el “poder bajo la sombra”. Receptores de las coimas y seguro negociantes convincentes en nombre de un Estado que es de todos y no de unos vivarachos.

Aunque muchos hablan con timidez, las implicancias políticas de estos actos de corrupción, no solo comprometería a Alejandro Toledo y su séquito de amigotes que lo apoyaron en el poder; sino igualmente podría llegar a Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso. La labor del Ministerio Público es importante para el esclarecimiento de los hechos y el acopio de pruebas se encuentra definido por la estrategia de investigación que impulsa.

El caso de Toledo, solo es cuestión de tiempo y de proceso y su captura internacional solo es cuestión de tiempo. Muchos le recomiendan que se entregue, pero es posible que busque asilo político y busque evadir la acción de la justicia. Por el momento se cree que se encuentra en Paris, y de acuerdo a su abogado “no existen las condiciones para venir al país”.

Respecto a García Pérez que fue el sucesor de Toledo, aún no existen acusaciones formales en su contra; sin embargo, si llama la atención que los primeros detenidos sean de su gobierno. Parte del entramado de contratos y adendas, tienen igualmente un apoyo otorgado a las empresas brasileras desde la presidencia de la República. Para la población, García Pérez es tan culpable como Alejandro Toledo y podría seguir la misma suerte.

Sobre Ollanta Humala, la situación está mucho más difícil. Las acusaciones en su contra no son nuevas e investigaciones previas develan las responsabilidades de Nadine Heredia y su entorno familiar. Todo indica que en este caso y en el anterior, solo es cuestión de tiempo y de investigación.

De confirmarse el supuesto de responsabilidades penales de Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso, sería la primera vez que un caso penal lleva directamente a los primeros mandatarios. Por el momento, la prisión preventiva en contra de Toledo Manrique, es el resultado de la prolijidad del Ministerio Público y son actos procesales y de investigación que devuelven la confianza a la institucionalidad que tanto lo requiere.

Lo que se ha denominado la “Ruta del dinero” en el caso de Alejandro Toledo ha sido perfectamente develado por el Ministerio Público; sin embargo, el caso por su calidad de internacional tiene muchas aristas que exigen al máximo a los responsables de conducir el proceso de investigación, considerando que corresponde al Ministerio Público demostrar de manera indubitable que Toledo recibió una coima de 20 millones de dólares para facilitar la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Por su parte, Alan García Pérez, busca por todos los medios de echar la culpa a Alejandro Toledo y Ollanta Humala y expresa que “En cuanto fijen fecha daré testimonio ante la Fiscalía sobre el gasoducto firmado en el gobierno de Humala. No en el mío”. Las investigaciones demostrarán cuánto de inocente y casto ha sido el ex mandatario aprista, quien fuera acusado de corrupción en el primer gobierno y cuestionado en su segundo mandato.

Respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón, su esposa, el silencio que mantienen es un indicativo que solo estarían esperando su sino.

El Fiscal Pablo Sánchez Velarde, ha sido claro sobre este tema, ha indicado que “Seguimos trabajando contra la corrupción y devolviendo la esperanza al Perú” y es lo que corresponde en un momento tan importante para encauzar el Estado peruano por las sendas de la transparencia y de la moralidad.

 

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