ERP. Cuatro ex altos cargos del gobierno del ex presidente Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la unidad española antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario español El Mundo.
El periódico publicó que estas personas figuran en la relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida el 10 de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador financiero de Andorra. El Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España horas después.
Las operaciones se realizaron mientras Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la Historia" o que "hay que construir una nueva patria socialista", dijo el diario.
En el informe remitido por la Sepblac, la entidad informa de que Banco Madrid no tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero.
Entre los investigados se encuentran el ex viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos; el militar Alcides Rondón (que ocupó puestos clave de seguridad con Chávez); el exviceministro de Desarrollo Javier Alvarado; el jefe de los servicios de inteligencia Carlos Aguilera; y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.
Según el diario, estas seis personas "han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano".
El Mundo agrega que el informe del Sepblac va más allá de la información difundida hace unos días por la unidad antiblanqueo de Estados Unidos (FinCEN) que afirmó, sin dar nombres, que "BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano".
El supervisor financiero andorrano intervino el BPA tras la comunicación del FinCEN estadounidense, que señalaba a la entidad por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
El departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.
El Mundo reportó que el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, presentó una denuncia en 2013 en la que implicaba a -entre otros- Villalobos, por intermediar en sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela. Dijo además que el ex viceministro lo negó, asegurando que ahora se dedica a labores de consultoría.
Según la investigación, Villalobos ha recibido "pagos de consultoría" de la empresa española Duro Felguera, que se adjudicó en mayo de 2009 un contrato de 1.500 millones de euros en Venezuela.
Duro Felguera logró convertirse en contratista principal para construir la central de ciclo combinado con la que abastecer de energía a Caracas, señaló el periódico.
Entre los clientes del grupo estarían el Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa, y la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Sanciones a Venezuela
La investigación a altos jerarcas del chavismo se conoce una semana después de que el presidente Barack Obama aplicara sanciones y declarara emergencia por amenaza de Venezuela a Estados Unidos. La orden ejecutiva ordena implementar sanciones contra varias destacadas figuras del gobierno venezolano y declaró una situación de "emergencia nacional" por el "riesgo extraordinario" que supone la situación en ese país para la seguridad nacional.
La medida "implementa y amplía" las sanciones contra ciertos individuos de Venezuela incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado.
"Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (...) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y declaro una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza", dijo Obama en la orden.
El mandatario citó además como factores "la restricción de libertades de expresión, el uso de la violencia, las violaciones de derechos humanos y los abusos en respuesta a protestas antigubernamentales; el arresto arbitrario y detención de manifestantes y la creciente presencia de una corrupción pública significativa".
La declaración de una "emergencia nacional" es una herramienta con la que cuenta el presidente para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
Bajo la nueva orden, Obama anunció la imposición de sanciones a siete funcionarios y exfuncionarios venezolanos a los que se les prohíbe la entrada a este país y a los que se le congelan los bienes que tengan bajo jurisdicción estadounidense.
Entre los sancionados se encuentran Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) así como el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio José Benavides Torres.
La lista la completan Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Nayarith Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector General del SEBIN, y Miguel Alcides Vivas Landino, Inspector General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
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