Lima. La presidenta de la comisión que investiga los nexos del narcotráfico con la política, Rosa Mavila (AP-FA), adelantó que próximos a concluir sus investigaciones, han advertido que muchos candidatos y autoridades presentan desbalance en su patrimonio que amerita ser investigado.
“Lo que advertimos ya casi como conclusión, a medio año de trabajo en esta comisión, es que hay muchos candidatos y autoridades ejerciendo que tienen desbalance patrimonial, que debieran ser materia de investigación”, subrayó.
En ese sentido, consideró necesario que se aplique el financiamiento público a los partidos políticos para realizar una “mayor fiscalización” al patrimonio de estas organizaciones.
Precisó que esa transferencia de fondos públicos “no es difícil” porque corresponde a una decisión política.
“Hay un nexo entre financiamiento de partidos y posibilidad de fiscalización, si el Estado no pone nada de presupuesto no hay una base material como para fiscalizar el patrimonio del partido”, afirmó en TV Perú.
Indicó que el financiamiento público a los partidos políticos es una ley aprobada, sin embargo está sujeta a disponibilidad presupuestal, aún cuando, en su opinión, “es clave” para la transparencia en manejo de los fondos en
que emplean los partidos.
También, advirtió que el dinero ilícito penetra más en las agrupaciones políticas de forma indirecta, a través del financiamiento a sus candidatos y actividades.
Asimismo, planteó que el financiamiento a los partidos políticos sea bancarizado a fin de “ver quién aporta a quien”, para una mayor transparencia.
Refirió que los organismos del sistema electoral plantean que las empresas aporten al sistema político a través de un fondo y no necesariamente a determinada agrupación política.
“También se está planteando que quien recibió ayuda de determinado grupo económico, se inhiba cuando se discutan intereses que se relacionan directamente con ese grupo económico en el debate parlamentario”, agregó.
El pleno del Congreso aprobó en octubre del año pasado la conformación de una comisión multipartidaria para investigar la presunta influencia del narcotráfico en los partidos políticos. En diciembre último se instaló la comisión, con un plazo de 180 días para su trabajo.
Comisión de Constitución
La legisladora Mavila, quien también forma parte de la Comisión de Constitución, señaló que hay un consenso mayoritario en este grupos de trabajo para abordar con prioridad los temas de reforma electoral, así como el proyecto que despenaliza el aborto en casos de violación sexual.
Precisó que si la Comisión de Constitución rechaza el segundo proyecto, archivado ya en la Comisión de Justicia, queda la posibilidad de abordarlo en el pleno del Congreso, cuando se discuta el nuevo Código Penal, que en su capítulo referido a los delitos vinculados a vida y salud contempla la interrupción del embarazo.
Finalmente, señaló que la tendencia internacional sobre el aborto en casos de violación es “abolicionista”. Recientemente, dijo, en Centro América aprobaron una norma en ese sentido y en Norteamérica está vigente el debate del método de plazos, que permite interrumpir el embarazo en los tres primeros meses.(Andina)
