ERP. En las últimas dos semanas, la Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de ocho casos de feminicidio y tentativa, cometidos en diferentes regiones del país. En lo que va del primer trimestre del presente año se han registrado 32 feminicidios y 82 tentativas, cifras superiores a las del año 2017 en el mismo periodo, que arrojaban 29 y 53 casos, respectivamente.
"Estos niveles alarmantes de violencia nos obligan a exigir a las autoridades del gobierno central y locales, medidas urgentes y drásticas para encarar los niveles crecientes de violencia contra las mujeres de todo el país de manera inmediata", sostuvo hoy la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.
Dijo que en la ciudad de Arequipa en menos de 48 horas se cometieron dos feminicidios, ambos ocurridos en presencia de testigos; otro en Trujillo donde la víctima se encontraba en estado de gestación y fue arrojada de un quinto piso. En Piura y Junín dos mujeres tuvieron que defenderse del mortal ataque de sus parejas, quienes las violentaban física y psicológicamente y a quienes quitaron la vida en defensa propia. En la mayoría de los casos señalados las víctimas vivían un contexto de violencia previa.
La semana pasada, en Lima un ciudadano venezolano atacó brutalmente a su pareja peruana causándole un daño permanente, al encontrarse a punto de perder la visión. En Junín (Huancayo) un hijo ocasionó similar lesión a su madre.
"El nivel de recurrencia de los casos de feminicidio en grado de tentativa se incrementa peligrosamente en nuestra sociedad. El agresor actúa con gran crueldad ejerciendo violencia en zonas vitales del cuerpo de la víctima, con la finalidad de dejarle marcas imborrables. La cifra de casos debe ser mayor, debido a que la institución ha advertido que en los informes policiales la tentativa es considerada como lesiones por violencia familiar, un delito con una pena mucho menor", señaló.
La Defensoría del Pueblo ha intervenido en dos casos de condenables muertes contra mujeres, uno en San Juan de Miraflores y otro en Lambayeque, en los que el Ministerio Público tipificó erróneamente el delito de feminicidio como homicidio calificado, aplicando incluso acuerdos de terminación anticipada que permitieron imponer sanciones por debajo de la pena mínima legal establecida para este delito.
Revollar recordó que en noviembre último, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, remitió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando que se dote de mayor presupuesto para la implementación del Registro Único de Víctimas y Agresores, a cargo del Ministerio Público, conforme lo dispone el artículo 42° de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El objetivo es implementar un sistema intersectorial que garantice una atención efectiva y oportuna a las víctimas de violencia.
La Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de que el Estado responda de manera integral e interinstitucional frente a la violencia contra las mujeres para erradicar su naturalización, la tolerancia social y la persistencia de la impunidad, frente a este grave problema de derechos humanos, salud pública y seguridad ciudadana.
