ERP. El Ministerio Público continúa investigando la presunta sustracción de diversos manuscritos del expresidente del Perú y héroe de la Guerra del Pacífico, Andrés Avelino Cáceres, que fuera reportada tras su hallazgo en la azotea de la sede de la Biblioteca Nacional del Perú de la avenida Abancay, en setiembre del 2010.
La decisión del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, de archivar únicamente el extremo de la denuncia por delito de peculado interpuesta el 18 de julio último por el director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú, Ramón Mujica Pinilla, contra distintos funcionarios de esa entidad por dicho delito y otros como asociación ilícita para delinquir, falsedad ideológica, omisión de actos funcionales y contra los bienes culturales, se debe a que no existen elementos necesarios que configuren la existencia del delito de peculado.
En lo que concierne a los otros delitos, se dispuso su derivación a la fiscalía correspondiente por no corresponder al subsistema anticorrupción. No obstante, el archivo ha sido apelado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por lo que deberá esperarse la decisión de la instancia superior.
Sin embargo, la investigación sobre la sustracción del material histórico se encuentra a cargo de la 53º Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal Magda Atto Mendives, quien es fiscal especializada en delitos contra el patrimonio cultural.
La magistrada se encuentra abocada a dar con los responsables de dicho atentado contra el patrimonio cultural de la nación, tras la denuncia presentada por el procurador público del Ministerio de Cultura contra quienes resulten responsables de los contra el patrimonio en las modalidades de hurto agravado y daño agravado; y contra diversos funcionarios de la Biblioteca Nacional del Perú por presunto delito contra la administración pública, en las modalidades de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.
Hasta el momento se han efectuado diversas diligencias a nivel policial y en sede fiscal, que incluyeron las declaraciones de cerca de 18 funcionarios, entre ellas la del propio director general de la Biblioteca Nacional del Perú.
Por disposición de la Novena Fiscalía Superior Penal de Lima, se vienen efectuando nuevas diligencias como la toma de declaraciones a diversos trabajadores que tuvieron acceso al ambiente donde se hallaron los manuscritos. Además, se ha solicitado a la Biblioteca Nacional del Perú que informe quienes eran las personas encargadas de la seguridad de su sede en el centro de Lima durante los años 2010 y 2011; y se remita al Ministerio Público las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia.
