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Jue, Abr

Tumbes: Fiscalía solicita 12 años de cárcel para comprendidos en caso Bernal Rueckner por compra fraudulenta de tierras

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ERP/Tumbes. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, solicitará una pena de 12 años de cárcel contra diez exfuncionarios y trabajadores del gobierno regional, además de los hermanos Benjamín Ernest y Jorge Sebastián Bernal Rueckner, y la madre de estos, Eva María Rueckner de la Portilla por el delito de colusión agravada, al comprobarse la venta irregular de más de 35 hectáreas de terrenos eriazos en la localidad de Punta Sal.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Erick Sánchez Briceño, quien formuló la acusación que comprende además al prófugo exgobernador regional Gerardo Fidel Viñas Dioses y a los funcionarios y trabajadores José Serafín Espinoza López, Jorge Antonio Herrera Regalado, Marcos Eduardo Visitación Quintana, Carlos Manuel Cedillo Córdova, Luz Victoria Monzón de Távara, Walter Santiago Pozo Neira, Armando Olivos Silva, Juan Francisco Arriola Oliva, Juan de Dios Periche Paiva, Orlando Nima Valladolid, por el delito contra la administración pública en la modalidad de Colusión Agravada en agravio del Gobierno Regional de Tumbes (GRT).

Según ha podido constatar la fiscalía, en total fueron adjudicados 35.9338 hectáreas de terrenos eriazos ubicados en Punta Sal Chico, del distrito de Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes, a favor de los hermanos Bernal Rueckner y su madre Eva María Rueckner, por un valor inferior a los 2,500 nuevos soles, cuando la tasación idónea arroja un valor de 21’024,866.40 nuevos soles.

La fiscalía ha logrado determinar que la tasación arancelaria se hizo para ocultar el verdadero propósito que era, el ánimo de lucro, donde se escogió los terrenos ubicados justamente al costado del Complejo Hotelero Decamerón Punta Sal, bajo la fachada de un proyecto para la crianza de ganado caprino.

Cabe precisar que Eva María Rueckner de la Portilla, que adquirió 15 hectáreas de tierras por 1,085.40 soles, luego se las vendió a su esposo Jorge Guillermo Bernal Noriega por 25 mil soles. De igual forma, Benjamín Bernal Rueckner adquirió 5.9338 hectáreas de tierras por 429.37 soles, las mismas que luego se las transfirió a su padre por 5,000 soles.

Asimismo, se ha podido comprobar que los Bernal Rueckner y su madre solicitaron 45 hectáreas adicionales a la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes. Según sus propios trabajadores y vecinos colindantes a estas tierras que han declarado ante la fiscalía, los investigados no poseían ganado alguno, e incluso manifestaban que iban a construir un hotel en la zona.

Esto se reafirma luego que la fiscalía descubriera que son propietarios de Inversiones El Algarrobo EIRL, Inversiones Arena Blanca EIRL, ambas de propiedad de Eva María Rueckner y su hijo Benjamin Bernal Ruecvkner y constituidas el año 2013 para desarrollar proyectos inmobiliarios y hoteleros. Además constituyeron la empresa Tierras Raras SRL, que tiene como accionistas a los hermanos Jorge y Benjamin Bernal Ruecker.

Cabe mencionar que, además de los 12 años de prisión solicitada, el representante del Ministerio Público solicita una reparación civil de 1’501,776.14 nuevos soles cada uno a favor del gobierno regional de Tumbes.

También investigan al Hotel Royal Decamerón

Según informó el fiscal Erick Sánchez Briceño, se aperturado investigación preliminar contra la empresa Blue Marlin Beach Club S.A. cuyo nombre comercial es Hotel Royal Decamerón, ubicado en la parte colindante de las tierras adjudicadas de manera ilegal por los Bernal Rueckner.

Dicha investigación comprende a sus representantes, identificados como David César Forno Céspedes, Germán Rodolfo Escuza Rueda, José Manuel Guerra Caballero y Celia Francisca Zegarra Aguilar.

La investigación se efectúa debido a la presunción del delito de colusión en agravio del Estado, toda vez que se tiene información que dichos terrenos habrían sido adquiridos de manera irregular por capitales panameños y colombianos. Además se espera la remisión de un informe de Contraloría de la República sobre el caso.

 

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