ERP. El 7 de diciembre del 2022, José Pedro Castillo Terrones, fue víctima de su ignorancia y su endeblez intelectual, cuando cansado del acoso permanente por fuerzas políticas que no lo reconocieron como presidente, decidió salirse del marco constitucional, leer un mamotreto como discurso y anunciar, sin mayores fuerzas que las suyas, un estado de facto. No pasó de una insania pasajera.

ERP. La Región Piura tiene entre sus potencialidades tres cuencas bastante demarcadas, la del Catamayo-Chira; la del Piura y la del Huancabamba que va hacia el oriente. Durante las últimas semanas, se ha visto que la otrora imponente represa de Poechos, que almacena el recurso hídrico proveniente de las zonas altas del Ecuador y de la serranía piurana, perdió capacidad de almacenamiento y por ende de captación.

ERP. Un inesperado revés para el Congreso de la República, que cree ser el poder omnímodo y que nadie puede objetar sus decisiones; sin embargo, el Tribunal Constitucional considerado como una adenda del “pacto mafioso” del parlamento, ratificó una vez más, que el Poder Judicial es el competente para hacer control, cuando una decisión afecta derechos fundamentales.

ERP. Dina Boluarte Zegarra, es una presidenta precaria, con demostrada incapacidad e incompetencia para ejercer el más alto cargo de la Nación; sin embargo, pese a críticas en contra de su permanencia se resiste a no renunciar que sería la vía para la convocatoria de nuevas elecciones. El Perú se desangra y no existe reconocimiento de culpa, solo busca justificaciones.

ERP. Un policía asesinado por delincuentes que pululan en la capital de la República, varios asesinatos en otras ciudades y entre ellas Sullana; asaltos por doquier, pero, lo que debería ser la máxima preocupación de este gobierno, simplemente no lo es. El Perú se degrada políticamente y se desangra por la inseguridad ciudadana.

ERP. Es vergonzoso como los ministros del actual régimen se “lava las manos” respecto a la promulgación de la Ley que legisla sobre delitos de lesa humana e imprescriptibilidad. En última conferencia de prensa, ante una pregunta periodística, de inmediato el premier Gustavo Adrianzén espetó “no la hemos promulgado nosotros” para luego ser ampliada la respuesta por el Ministro de Justicia.

ERP. El presidente del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula políticas nacionales con las Entidades del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, en ninguna parte de la norma se precisa que es el defensor abogadil de la presidenta de la República, por los casos que la vinculan. Hacer lo contrario, mejor dicho, hacer de abogado o de “escudero” no corresponde y es un uso indebido del cargo.

ERP. La democracia peruana dejó de serlo desde la caída de Pedro Castillo Terrones. Su gestión marcada por su nivel de ignorancia de Estado, nos expuso y dio pie a una campaña desmedida en su contra, en tanto que el ignaro presidente no pudo darse cuenta que el objetivo de destrucción era él y que los enemigos políticos aprovecharían su vulnerabilidad para traérselo abajo y lo lograron.

ERP. El Poder Ejecutivo ha decidido plantear una demanda competencial, para que no se investigue a la presidenta de la República, retrotrayendo la interpretación de la Constitución a las épocas previas de Pedro Castillo Terrones. El Poder Judicial en su momento validó que un mandatario si es posible de ser investigado y quedó igualmente firme que no puede ser acusado en cuanto sea presidente.

ERP. Una clase política irresponsable, actúe impunemente agravando la crisis política que generaron tras los triunfos de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo Terrones; lo hacen afectando el Estado de Derecho, rompiendo el equilibrio de poderes e independencia de instituciones públicas, además, de generar las condiciones para un presunto fraude electoral en el 2026.

ERP. Muchos comentaristas que siguen de cerca lo que pasa en Perú, se preguntan en sus propios medios o en entrevistas, respecto a la ausencia de protesta, frente a los actos arbitrarios que realiza una mayoría congresal encarama en el Congreso y que cuenta con el arrodillamiento de la presidenta sustitutoria, para los fines protervos que tienen como objetivo poco disimulado.

ERP. El Tribunal Constitucional con una poco disimulada intención de favorecer a la fiscal suprema Patricia Benavides se ha avocado al conocimiento de causas pendientes en el Poder Judicial y después de suspender la ejecución de una medida cautelar y ha restablecido el pleno efecto de la inhabilitación que se dio contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez.