ERP. Pedro Pablo Kuczynski, ganó la presidencia por escaso margen y con votos que se inclinaron para oponerse al fujimorismo. Sus propuestas y aunque existentes no eran ni mejores ni peores que su contendora y entendemos que las pequeñas diferencias en el marco de su mundo liberal, eran solo de experiencia de gobierno y estilo personal, que al final incidieron para el triunfo electoral.
Al margen de lo anterior, se habló mucho de la descentralización y de un ministerio que lo apuntale. Después de la desaparición del Consejo Nacional de Descentralización, todas las funciones se llevaron a la Secretaría de la Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y desde esta instancia administrativa se dio respuestas a temas regionales.
Las responsabilidades se encuentran agrupadas en la Oficina de Transferencia, Monitoreo y Evaluación de Competencias; Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales y Articulación Intergubernamental; y, Oficina de Gestión de Inversiones. Es muy probable que el esquema administrativo no cambie. En realidad quien tiene la mayoría para hacer un cambio sustancial en esta estructura es el Legislativo de mayoría fujimorista.
Durante los últimos lustros, el proceso de descentralización que se lanzó como irreversible y progresivo no avanzó demasiado. Los ministerios comenzaron a crear organismos públicos descentralizados y en la parte de las decisiones importantes, el real poder lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Es esta instancia, la que tiene competencias que deberían trasladarse hacia las regiones, pero todo indica que igualmente mantendrá su statu quo.
Es una constante ver a gobernadores regionales, alcaldes y funcionarios ir hacia Lima, en búsqueda de presupuesto. Lo que puede manejarse desde el Presupuesto General de la República como parte de los gobiernos regionales o locales, simplemente los incorporan a los presupuestos ministeriales y es el sustento para el funcionamiento de los organismos públicos descentralizados.
Negociar con ministerios transferencias para obras y proyectos tienen sus distorsiones que se han visto y que se conocen por un secreto a voces. Los funcionarios de Lima, los que no quieren perder poder, saben que con una transferencia hacia regiones o municipios pueden ganar para sí. Condicionan el acto administrativo, previa comisión o “coima” que luego se materializa por la necesidad de ejecutar una obra en provincias.
Quien no quiera ver esta realidad, es un “ciego” irresponsable. Hemos escuchado decenas de testimonios de estos negociados bajo el prurito que es preferible negociar y entregar prebendas antes de no tener presupuesto extra. En esta dinámica o relación, simplemente se contribuye a una mayor corrupción y se pone en riesgo al funcionario regional o municipal que concede esta relación o entendimiento.
Es común creer que los gobiernos subnacionales no tienen capacidades para ejercer competencias centralizadas. No es así, y esa es una vieja discusión para mantener el Estado como está.
Las capacidades pretendieron crearse desde el ámbito del CND; sin embargo ese proceso se frustró. Lo que vino después fue realizar certámenes desde la Secretaría de Descentralización bajo un enfoque más convenido a la recentralización presupuestal. Al margen de ello, existen capacidades y profesionales competentes en las regiones y solo es cuestión de crear condiciones favorables para que ingresen al servicio civil.
Luego de ello, con instituciones de control y administración de justicia que funcionen, los riesgos son menores a los altos niveles de corrupción que se incuban en los ministerios; nos referimos que no se trata solo de descentralizar los recursos en su totalidad, sino de descentralizar instancias como Contraloría General de la República para que actúe con eficiencia y eficacia.
Muchas veces se ha manifestado que los funcionarios regionales y locales no tienen capacidades; sin duda, quienes demuestran un alto nivel de ineficiencia son funcionarios de estas instancias como Contraloría General de la República, Ministerio Público y otras, para quienes lo único que vale es la estadística y el dato grueso y escandaloso, antes que una evaluación y conclusión correcta de los hechos.
Construir un Estado ajeno a lacras y corrupción, implica labor de inteligencia que deben mantener las instancias competentes como Congreso, Contraloría y otros. Primero para identificar las distorsiones y actos de corrupción que podrían presentarse en regiones y municipios y el debido proceso para la sanción. Esto implica, considerar igualmente, que la corrupción que distrae los recursos del pueblo y enriquece a unos cuantos, también se da y en mayor medida en el Gobierno Nacional.
En tanto, no creemos que un posible Ministerio de la Descentralización resuelva las expectativas de las regiones. El tema central es tener claro el objetivo de una mayor democratización del país y eso significa competencias a ejercer, bajo el concepto fundamental de la subsidiariedad que contempla la Constitución. Implica adiós ministerios que sean ejecutores, organismos públicos descentralizados que intervienen en regiones, y adiós a la intromisión exagerada del Ministerio de Economía y Finanzas.
En esta dinámica y si queremos un cambio realmente sustantivo se requiere una mayor institucionalización de la Asamblea de Gobiernos Regionales y AMPE y sin duda, serán instancias determinantes en el perfeccionamiento de la descentralización.
