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Mié, Nov

El incremento de los conflictos sociales y la necesidad de nuevas elecciones generales en Perú

Editorial
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ERP. Dina Boluarte Zegarra, es una presidenta precaria, con demostrada incapacidad e incompetencia para ejercer el más alto cargo de la Nación; sin embargo, pese a críticas en contra de su permanencia se resiste a no renunciar que sería la vía para la convocatoria de nuevas elecciones. El Perú se desangra y no existe reconocimiento de culpa, solo busca justificaciones.

Perú, viene siendo afectada por algos niveles de criminalidad, conforme a lo visto recientemente en un colegio de Ate, donde los delincuentes llegaron, simularon ser trabajadores ciertos y después de identificar a su víctima, procedieron a dispararle a mansalva, dejándolo sin vida. Llegar a estos niveles de criminalidad, es la confirmación que este país debe entender que no pueden estar delinquiendo desde entes oficiales y dejando que en la calle suceda todo este tipo de situaciones.

De acuerdo a diversas carpetas fiscales, la mandataria Dina Boluarte, viene siendo investigada por diversos delitos, habría permitido el asesinato de 49 personas, trató de dar argumentos falsos para justiciarlos; se cubrió de lujosas joyas presuntamente recibidas para facilitar procesos en la administración pública y hasta esconde las evidencias respecto al uso del vehículo “El cofre” que habría sido utilizado para buscar otro escondite para Vladimir Cerrón Rojas.

Por su parte la mayor parte de congresistas, tienen carpetas fiscales como “mochasueldos” una forma de apropiarse de los dineros de otro. Es similar a las extorsiones, si no pagan con su cuota, simplemente son botados del cargo en el Congreso de la República. Este caso no es nuevo, ya en ejercicios anteriores llevó a la cárcel a uno de ellos y sancionó a otros por este tipo de prácticas.

Igualmente, la mayor parte de líderes de sus partidos políticos tienen procesos penales en su contra y por lo tanto, las leyes que fluyen buscan quitar competentes a la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público, al Poder Judicial y someten a otras instancias como el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República. De esa manera, garantizan impunidad.

La forma de nombramiento del Tribunal Constitucional, permite elegir a profesionales vinculados a su línea de pensamiento e incluso organizaciones políticas, lo que genera una distorsión en sus decisiones, a este ente, no le ha interesado en resolver en contra de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Constitución Política del Perú de la cual deben ser garantes.

Los altos niveles de delincuencia en la capital de la República, ha despertado a la organización social y se han revivido los cuestionamientos contra todo el régimen, que incluye Presidenta de la República, integrantes del Congreso de la República y el grito que se “>Vayan todos” nuevamente se escuchó en las calles; sin embargo, se evidencia que el temor a las balas sigue presente-

Chile en un primer momento y Ecuador después, tuvieron presidentes con mayor decisión política que los mediocres que existen en Perú. No les interesa las muertes, las pérdidas económicas, el descontento popular, lo único que tiene sentido para ellos, es mantenerse en el cargo y seguir destruyendo el Estado de derecho. Nuevas elecciones generales, es la única manera de legitimar un gobierno y no defenderse a ultranza de algo, que en caso de Dina, no ganó.

Seguro que seguirán empecinándose en mantenerse en el cargo, de atornillarse pese a los gritos estentóreos de la sociedad civil, seguirán insistiendo con sus medidas mediocres, controlar la ola de violencia y seguro hablarán de democracia cuando saben que tal expresión suena hueca, cuando en el Congreso de la república, se planifican leyes y se aprueban, que buscan quitar competencias a otras instituciones.

Violencia y crisis política no deben seguir. Se requiere de inmediato nuevas elecciones generales para lograr legitimidad en la lucha frontar contra estos problemas. Si la oficialidad no toma decisiones, es probable que la sociedad civil los presionará aunque las Fuerzas Armadas y Policiales, sean utilizadas como represotas.

Diario El Regional de Piura

 

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