ERP. Contraloría General de la República tiene la potestad de inhabilitar a servidores públicos y así lo vienen haciendo desde la puesta en marcha de la Ley que los faculta. Si bien es cierto, dudamos de la capacidad profesional y técnica de esta Entidad, varias inhabilitaciones se han dado en la provincia de Sullana, las mismas que se suman a las anteriores donde las sanciones comprendieron entre 1 y hasta 3 años.
Revisando la nómina, el amigo y asistente del Vicegobernador Alfredo Neyra Alemán ha sido sancionado a 5 años de inhabilitación los mismos que se contarán desde el 11 de julio del presente año. Se trata del funcionario de la época de Jorge Camino Calle, don Eden Javier García Bustamante, quien después de trabajar en la Municipalidad de Sullana pasó a ser parte de la planilla del Gobierno Regional de Piura.
Oscar Miguel Machuca Rosillo ha sido sancionado a 3 años de inhabilitación los cuales se contarán desde el 8 de agosto del 2017; en tanto que otra sanción similar lo inhabilitó a 2 años para prestar servicios al Estado. El indicado ingeniero, de fue parte de la gestión de Jorge Camino Calle. La otra sancionada es Esther Hinostroza Campusano quien se encuentra prohibida de prestar servicios al Estado por 2 años.
La sanción que sorprende por lo elevado de la sanción y por haber sido una funcionaria muy cercana al ex alcalde Jorge Camino, es la inhabilitación de Rosa Micaela Seminario San Martín quien fue inhabilitada por 4 años los cuales se contabilizarán desde el 12 de julio. La indicada ex funcionaria ejerció en su momento la Gerencia de Desarrollo Social.
De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones impuestas por el órgano sancionador, una vez consentidas (es decir, cuando el funcionario o servidor no apeló) o cuando son confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y se publican trimestralmente en el portal web de la Contraloría.
