ERP. Paragran parte de los peruanos, parte del Ministerio Público se encuentra comprometido con la corrupción. Por tales indicios, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario inmediato contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, y vinculados a las investigaciones en contra de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Ambos fiscales supremos pidieron en varias oportunidades a la Junta de Fiscales Supremos el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que conducen las investigaciones por lavado de activos y corrupción vinculados a las empresas brasileñas.
Estas son las acusaciones a las cuales se relacionaron a los dos fiscales supremos.
Chávarry y Los Cuellos Blancos del Puerto
El 14 octubre de 2019, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde incluyó a Pedro Chávarry en la investigación a la red Los Cuellos Blancos del Puerto, que comprendía inicialmente solo al ex juez supremo César Hinostroza y los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Se amplió la investigación en base a los audios de las interceptaciones telefónicas, las declaraciones de colaboradores eficaces y los testigos protegidos, así como los informes de la Policía y de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, que investigan a la red.
Chávarry tiene, además, audios con el exfiscal supremo César Hinostroza, presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Acusaciones que involucran a fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez
Separación de los fiscales Vela y Pérez
El pasado 31 de diciembre del 2018, Pedro Chávarry, en su condición de fiscal de la Nación, separó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, luego de que los fiscales pidieran denunciarlo por entorpecer la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y por encubrimiento a favor de la investigada Keiko Fujimori. Ambos fiscales fueron restituidos en el cargo el 2 de enero de 2019, tras una protesta ciudadana.
Suspensión por 18 meses
La fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales solicitó al Poder Judicial 18 meses de suspensión preventiva de derechos contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, por el alto riesgo de que obstruya la investigación que se le sigue por el delito de encubrimiento real debido a la suspension de los fiscales Vela y Pérez.
Se le atribuye haber intentado frustrar las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato y de solicitar información sobre el acuerdo de colaboración que se negociaba con Odebrecht para usarla presuntamente a favor de un grupo político, a pesar de que no le correspondía hacerlo por la reserva del proceso.
El juez Hugo Nuñez Julca rechazó el pedido y la fiscal Revilla apeló el caso, el mismo que se encuentra pendientes de pronunciamiento.
Deslacrado de oficinas
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó el 15 de mayo de 2019 una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Pedro Chávarry, por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.
La denuncia constitucional está relacionada con el ingreso a las oficinas del Ministerio Público lacradas por el fiscal José Domingo Pérez en el marco de las investigaciones a Keiko Fujimori. Personal de confianza de Chávarry ingresó a las referidas oficinas y retiró documentos. La denuncia se quedó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras la disolución del Congreso.
El febrero de 2020, Zoraida Ávalos remitió a la Junta Nacional de Justicia una denuncia en contra Pedro Chávarry por el este caso.
Las investigaciones en el Congreso.
Contra Pedo Chávarry se presentaron en el Congreso disuelto diversas denuncias constitucionales por su vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto, el retiro de los fiscales Vela y Pérez y el ingreso de sus asesores a oficinas lacradas del Ministerio Público.
Sin embargo, la mayoría de denuncias que recomendaban su destitución e inicio de un proceso penal, fueron archivadas por el Congreso, con mayoría fujimorista. Solo se aprobó una denuncia constitucional por el delito de encubrimiento real, en su modalidad de instigador, sancionado con una pena no mayor de 2 años.
Tomás Gálvez y los Cuellos blancos
Contra el fiscal supremo Tomás Gálvez se encuentra vigente una orden de impedimento de salida del país por ocho meses, en el marco de la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Gálvez es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal, conjuntamente con Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.
Tomás Gálvez solicitó ante la Junta de Fiscales Supremos el retiro de los fiscales Vela y Peña del Equipo Especial Lava Jato cuestionando su labor. Es, además, un duro crítico del acuerdo de colaboración eficaz suscrito por el Ministerio Público con la empresa Odebrecht y de los fiscales a cargo del caso.
El pasado 15 de febrero, el fiscal adjunto superior de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Martín Salas Zegarra, pidió a la JNJ investigar a Gálvez Villegas y separarlo temporalmente del cargo, en tanto se defina su situación jurídica.
Señala que las declaraciones públicas de Tomás Gálvez sobre las investigaciones del Equipo Especial evidencian intromisión funcional, interferencia y adelanto de pronunciamiento. Además asegura que incurrió en abuso de poder funcional al pedir el retiro de los referidos fiscales.
