ERP. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, fue enfático en afirmar que, ante la situación actual de emergencia, una prioridad de su gestión es garantizar la salud de los internos y la seguridad en los 68 establecimientos penitenciarios del país.
Refirió que, con ese propósito, se dispuso el cambio del presidente, vicepresidente y tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Señaló que lo que se busca es potenciar un conjunto de medidas que se han implementado a raíz de la declaratoria de emergencia.
Sostuvo que el nuevo Consejo se abocará de forma preponderante a la seguridad, con el fin de prevenir y evitar motines. Para ello, se ha nombrado como miembro de esta instancia a un general PNP en retiro, con experiencia en temas preventivos.
Asimismo, dijo que se ha coordinado con el Ministerio del Interior para que efectivos de la Policía Nacional apoyen en la seguridad exterior de los 68 penales que tiene a su cargo el INPE.
En materia de salud, indicó que se ha dispuesto que el personal especializado de los establecimientos penitenciarios haga un seguimiento en cada penal para prestar atención a la población vulnerable como los adultos mayores y personas afectadas por diabetes, TBC, VIH y cáncer.
Fernando Castañeda Portocarrero, ministro de Justicia
En ese marco, el ministro enfatizó que el gobierno aprobó el desembolso de 10 millones de soles, a través del Decreto de Urgencia 029, que se destinarán a la adquisición de equipos de protección para los agentes penitenciarios de los 68 penales: mascarillas, guantes y mandilones.
Asimismo, la adquisición de mascarillas para los internos que están enfermos, artículos para desinfección y limpieza de los penales, la preparación de ambientes de aislamiento, detección y descarte del coronavirus y la mejora de los sistemas de suministro de agua potable. Además, sostuvo que se trabaja para acelerar la aplicación de los decretos de urgencia sobre internos por omisión a la asistencia familiar y el traslado de extranjeros a su país de origen, para así disminuir el hacinamiento.
“Hay una serie de medidas en varias líneas porque nuestro compromiso es garantizar la seguridad y la salud. No podemos permitir, por ejemplo, que los internos pretendan quebrar el principio de autoridad. Es una responsabilidad garantizar la seguridad de las personas a nivel nacional”, apuntó.
Respecto a la emergencia que vive el país por la pandemia del coronavirus, señaló que ayer, en la reunión del Consejo de Estado, se vio la necesidad de que todas las instituciones públicas y privadas, en los diversos ámbitos y en los diversos niveles, gobiernos regionales y locales incluso, se sumen en esta lucha.
Indicó que en la reunión, además, se explicó que las diligencias de levantamiento de cadáver y posterior necropsia solo se practican en casos que ameritan una investigación penal, como una eventual negligencia médica u homicidio. En los demás casos, se precisó que corresponde a las autoridades de salud emitir los certificados de defunción respectivos y el retiro de los cuerpos.
En ese sentido, el ministro dijo que se formulará un instructivo sobre levantamiento de cadáveres de personas contagiadas por el COVID 19 para que, en breve plazo, se cuente con este nuevo mecanismo.
De igual modo, sostuvo que se evaluó la aplicación del control concurrente a las adquisiciones e inversiones que se vienen realizando para luchar contra el coronavirus, en cuyo marco la Contraloría General de la República viene trabajando una estrategia de control integral para el uso de los recursos económicos dispuestos para atender la emergencia nacional.
