ERP. En el Día Mundial de la Educación, la Defensoría del Pueblo recuerda que la educación es el principal medio que permite a las personas salir de la pobreza y de las condiciones de vulnerabilidad que las afectan, así como el camino que tienen las sociedades para alcanzar el desarrollo. Por ello, ante el aislamiento social obligatorio durante la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, el gobierno peruano, en todos sus niveles, debe garantizar el derecho a la educación de su población estudiantil.
La difícil coyuntura que atraviesa el país para contener la propagación del Covid-19 no debe menguar la labor de las instituciones educativas y universidades, públicas y privadas, para brindar el servicio educativo a los miles de estudiantes. Por el contrario, esta es una oportunidad para repensar e implementar nuevas estrategias y metodologías de educación a distancia.
En ese propósito, el Ministerio de Educación, como ente rector de la política educativa, cumple un rol fundamental para garantizar que el servicio educativo no se vea gravemente afectado y que la brecha educativa existente no se agudice, sobre todo en las zonas rurales. El ministerio debe actuar en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y las demás entidades involucradas con el servicio educativo.
Piden garantizar derecho a la educación por emergencia | Fotografía referencial
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo considera que el Ministerio de Educación debe asegurar la disponibilidad de programas de enseñanza a distancia y su accesibilidad para todos los estudiantes de la educación básica, con contenidos de calidad y adaptados a sus necesidades.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta al Minedu a emitir el marco normativo correspondiente para garantizar el servicio educativo en todas las etapas, niveles y modalidades de enseñanza. Este debe, principalmente, establecer lineamientos generales de la enseñanza a distancia, principios que la orientan, responsabilidades de las entidades públicas y privadas involucradas y, sobre todo, de los órganos competentes para supervisar y monitorear el servicio educativo a distancia.
La labor de brindar servicio educativo por medios no presenciales es un reto complejo en nuestro país, sobre todo en ámbitos rurales con pobreza y pobreza extrema donde hay un déficit de conectividad y de acceso a tecnologías de la información y comunicación. Esta realidad puede ocasionar una grave brecha en el acceso y continuidad de estudios de miles de estudiantes, dada la imposibilidad de acceder al medio por el cual se brinda la educación a distancia.
Según un informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de diciembre de 2019, solamente el 39,3% de los hogares del país tiene acceso a internet (en área rural es el 4,8%) y el 33,7% tiene una computadora (en área rural es el 5,9%).
En esa línea, la Defensoría del Pueblo resalta el esfuerzo del Minedu en la implementación de la estrategia “Aprendo en casa”, y en la emisión de un marco normativo que regula la prestación del servicio educativo por medios no presenciales por parte de las universidades.
Asimismo, consideramos imprescindible la participación y colaboración de dos instituciones clave en este contexto: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), organismo responsable de defender los derechos de los consumidores de servicios educativos privados; y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo creado para supervisar la calidad de la prestación del servicio educativo universitario y el cumplimiento de la Ley Universitaria.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, conforme a sus atribuciones, acompañará el proceso de implementación de la enseñanza a distancia durante la emergencia sanitaria nacional por parte de las instituciones educativas y universidades, y supervisará las condiciones que garanticen la accesibilidad de las y los estudiantes, así como la calidad y la adecuación de sus contenidos.
