ERP. Decenas de servidores públicos sancionados por Contraloría General de la República, sin estar facultada para ello, hasta que el Tribunal Constitucional decidió poner fin a esa discrecionalidad. Pasado el tiempo, se insiste en recuperar esa posibilidad sancionadora que permitirá aplicar sanciones en casos de corrupción cometidos por funcionarios del Estado.
En efecto, el contralor Nelson Shack llamó al Congreso a priorizar la restitución de la facultad sancionadora de su institución, al señalar que la falta de esta puede librar de procesos administrativos a funcionarios que incurran en corrupción o inconductas durante la emergencia por el coronavirus. Varios casos ya han sido denunciados y vienen siendo investigados por esta instancia.
“Cada día que pasa, es un día que perdemos la posibilidad para que no haya impunidad, por eso es muy importante que se apruebe (la facultad)”, declaró a la Agencia Andina.
La ley, de aprobarse, no tiene efecto retroactivo, por lo que todo lo visto hasta hoy sobre presuntas inconductas funcionales en la emergencia no podrá ser sancionado. De allí, subrayó Shack, la necesidad de que su aprobación sea cuanto antes.
El contralor adelantó que presentarán en breve un nuevo proyecto sobre el tema, el cual actualiza la iniciativa alcanzada en 2019 al disuelto Parlamento.
Nelson Shack reclama competencias sancionadoras
Funcionarios impunes
En abril de 2019 quedó sin efecto la capacidad sancionadora de la Contraloría en la administración pública a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
“En 2019 se identificó más de 8,000 funcionarios con responsabilidad administrativa, civil y penal. De la parte civil y penal, se encarga la justicia; de la parte administrativa, eran más de 7,000 funcionarios, de la sanción debió encargarse las propias entidades, pero en la práctica es un engaña muchachos”, dijo Shack.
De esos 7,000 funcionarios, detalló, la mitad estuvo relacionada con casos graves y muy graves, los cuales la Contraloría podía sancionar. Dichos casos graves, refirió el contralor, ameritaban suspensión de hasta por dos años e inhabilitación hasta por cinco años.
“La sentencia del TC limpió de un plumazo la responsabilidad a más de 15,000 funcionarios que estaban en proceso. Todos esos procesos se declararon improcedentes y se archivaron”, mencionó.
