ERP. Al 2 de julio del presente año, la Contraloría General publicó 6,926 informes como parte de la “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, orientados a garantizar el buen uso de los recursos públicos destinados a la atención de la población y contención de la enfermedad en el país.
Los informes de servicio de control simultáneo corresponden a supervisiones realizadas desde el 24 de febrero último a municipios, hospitales, ministerios, gobiernos regionales, entidades adscritas al gobierno nacional, entre otros.
De los 6,926 informes publicados, 2,961 corresponden a orientaciones de oficio, 2,905 a informes de control concurrente y 1,053 a visitas de control. Del mismo modo, se han publicado 5 informes de servicio de control posterior en la modalidad de acción de oficio posterior, y dos informes de servicio de control previo en la modalidad de endeudamiento interno o externo.
A nivel nacional, la labor de control de la Contraloría se plasmó en 517 informes en Cajamarca, 444 en Cusco, 400 en La Libertad, 390 en Áncash, 354 en Arequipa y 338 en Ayacucho, regiones donde se efectuaron más acciones de control después de Lima que cuenta con 980 informes publicados.
De los casi 7 mil informes de control que están a disposición del público, 2,871 (41%) han sido elaborados por los Órganos de Control Institucional y 4,055 (59%) por las Gerencias Regionales de Control así como por las Subgerencias de Servicios de Control Gubernamental y Atención de Denuncias de la Contraloría General.
Todos los informes de control han sido oportunamente notificados a las entidades correspondientes y se encuentran publicados en la Plataforma “Monitor de control y transparencia COVID-19” (https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/ ).
En dicha plataforma, que se actualiza diariamente, se comparte información sobre la evolución de la ejecución del presupuesto público destinado y autorizado a nivel nacional para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, así como la información que transparentan los 1,874 municipios sobre la compra y entrega de canastas básicas a las familias vulnerables a nivel nacional.
Cabe señalar que la Contraloría está en pleno cumplimiento de la Ley N° 31016 que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos públicos asignados a proyectos de inversión, adquisiciones de bienes y servicios, obras, entre otras actividades.
Casos emblemáticos
En el mes de junio, la Contraloría publicó y transparentó informes de casos emblemáticos relacionados a:
- Compra de tabletas para escolares. Se identificaron riesgos que afectarían la compra de tabletas y otros equipos informáticos, a cargo el Ministerio de Educación, como parte del programa “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”. Una de las recomendaciones en el marco del control concurrente es que el cronograma de entrega imposibilitaría el cumplimiento de plazos de acuerdo a empresas interesadas, y también se debe garantizar el servicio de conectividad para dichos equipos.
- Funcionarios y servidores públicos se habrían beneficiados con canastas de víveres. Se identificó que 4,212 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional habrían recibido canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable por el estado de emergencia sanitaria, puesto que sus ingresos netos fluctúan entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales.
- Cobro de clínicas por pruebas moleculares gratuitas. Se evidenció que pese a que el Instituto Nacional de Salud entregó y procesó de manera gratuita pruebas moleculares para la detección del COVID-19 a 19,746 muestras biológicas remitidas por centros de salud privados de Lima, éstos efectuaron cobros relacionados al servicio de diagnóstico que oscilan entre los S/ 422.72 y S/ 576.61.
- Mejoras en elección de beneficiarios del programa Reactiva Perú. Se recomendó establecer algunas restricciones para incluir entre beneficiarios del programa Reactiva Perú a empresas que hayan aplicado la suspensión perfecta de labores o tengan vínculos con Empresas del Sistema Financiero (ESF), así como priorizar la atención de las microempresas, ya que son las que generan mayores puestos de trabajo.
