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Vie, Abr

Presidente del Poder Judicial reitera pedido a jueces para impartir justicia oportuna y certera

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foto junin 1ERP. Durante la ceremonia de implementación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Junín, el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, exhortó a los jueces de la República a impartir una justicia oportuna y certera para satisfacer las necesidades de paz social, libertad, igualdad y justicia que demanda el país.

Manifestó que el éxito del nuevo modelo procesal penal exige a los magistrados una nueva forma de impartir justicia basada en una indeclinable actitud y compromiso que garantice la aplicación de los valores y los principios jurídicos, como condiciones necesarias para la convivencia pacífica y el desarrollo nacional.

En este marco, enfatizó que es necesario que se den la mano el derecho y la realidad, manteniendo un equilibrio entre los derechos procesales del imputado y los de la sociedad. "Los jueces no promovemos ninguna forma de impunidad, ni mucho menos somos garantistas de la impunidad", subrayó.

El doctor Ticona Postigo anotó que la aplicación de este instrumento penal constituye el hito jurídico más importante en las últimas décadas, pues replantea totalmente la forma de impartir justicia penal en todo el país.

Remarcó que la reforma del proceso penal no sólo forma parte de una política judicial sino, esencialmente, de una política de Estado, cuyo objetivo es la modernización del sistema de justicia, para que esta adquiera mayor oportunidad, transparencia, eficiencia y eficacia a favor de la sociedad, creando las mejores condiciones de seguridad jurídica y desarrollo nacional.

Asimismo, el titular del Poder Judicial señaló que su gestión ha dado un decidido impulso para la puesta en marcha del NCPP, en vista de que así lo exigen los grandes objetivos nacionales e institucionales y la actual coyuntura de inseguridad ciudadana que vive el país.

En este sentido, indicó que la institución judicial, pese a las limitaciones presupuestales, ha destinado considerables recursos para la habilitación de los despachos judiciales y el equipamiento tecnológico que se requiere, así como para la capacitación de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales.

 

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