ERP. El presupuesto asignado para la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género (PNCVG) para el presente año equivale al 0.1% del presupuesto nacional, es decir solo la milésima parte de los recursos, según Defensoría del Pueblo.
"Esta mínima asignación para un tema fundamental como la lucha contra la violencia hacia la mujer es inaceptable y es el principal motivo de la inacción estatal frente a las alarmantes cifras de feminicidios y otras agresiones que se registran en el país", manifestó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
Dr. Walter Gutiérrez Camacho habla sobre violencia contra la mujer
La postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que asigna el presupuesto nacional, deriva en las dramáticas cifras reveladas, como que del 2009 y julio del presente año 1,085 mujeres fueron asesinadas y se registraron 1,487 tentativas de feminicidio. Solo en lo que va del 2018 el MIMP registró 82 feminicidios, elevándose un 15% en comparación al mismo período del año pasado.
El presupuesto para la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2018 equivale al 0.1% del presupuesto nacional. El compromiso expresado por el presidente @MartinVizcarraC en este tema, no se ve reflejado en el @MEF_Peru. ? https://t.co/bzYyRTwdi1 pic.twitter.com/mhPMyX60s8
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 15 de agosto de 2018
Esta carencia en el presupuesto se refleja también en distintos niveles y sectores. En una supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en la División Médico Legal de Lima Norte, se advirtió que en San Juan de Lurigancho, donde viven más de 2 millones de personas, solo hay una cámara Gesell. Las citas para las diligencias por violencia familiar y sexual, demoran hasta tres meses y en caso de las evaluaciones sicológicas ya no hay cupos para este año.
Otra muestra de la carencia presupuestal se evidencia en el 39% de comisarías básicas y 35% de las comisarías especializadas de familia que su personal asignado a la tarea de atención al ciudadano no ha recibido capacitación alguna para realizar dicha función.
El mismo problema de falta de presupuesto está en las acciones de prevención, que son casi inexistentes. Esto genera escenarios inatendibles. Como muestra tenemos que en lo que va del 2018 el Poder Judicial, ha ordenado 183 853 medidas de protección, vale decir impedimentos para evitar que los agresores se acerquen a sus víctimas. Tal panorama se podría revertir si se invirtiera en adecuados programas de prevención y promoción de derechos.
Esta realidad genera que el 62% de las víctimas entrevistadas en una supervisión nacional a comisarías, realizada por la Defensoría del Pueblo, no confíe en la actuación de la Policía Nacional. Dicha desconfianza motiva que sólo el 29% de las mujeres que sufrió violencia física por parte de su pareja haya buscado ayuda en alguna institución.
"Esta realidad demuestra que el Presupuesto General de la República no responde con la urgencia que se requiere para enfrentar la violencia contra la mujer. De esta manera el compromiso declarado por el Presidente de la República y el liderazgo que ha emprendido en este tema, no tiene correspondencia con las acciones del MEF, lo que revela la necesidad de cambiar el enfoque de la asignación presupuestal considerando mayores recursos y se eviten más muertes de mujeres a causa de una ineficiente atención de sus denuncias por violencia y maltrato", expresó Gutiérrez.
“Hay un patrón de conducta y una insensibilidad del @MEF_Peru frente a la lucha contra la violencia hacia la mujer, que no conecta con el liderazgo asumido por el Pdte. Para el 2019 nos han reducido el presupuesto en 5% y eso está pasando en todos los sectores", @WGutierrezPE. pic.twitter.com/xq2upzNbYw
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 15 de agosto de 2018
