ERP. El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General resolvió inhabilitar hasta con dos años para trabajar en el Estado a dos funcionarios y un exfuncionario de la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa), al haberse comprobado su irregular actuación en el proceso de adquisición de una planta generadora de oxígeno medicinal para el establecimiento de salud I-4 de Huancabamba y, pese a la necesidad de atender a los pacientes afectados con COVID-19, el equipo sigue inoperativo.
El fallo está vinculado a los hechos revelados en el Informe de Control Específico N° 009-2022-2-4529-SCE, emitido en agosto del 2022 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Diresa, que identificó a los encargados de Administración, Logística y Control Patrimonial con presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, además se determinó una presunta responsabilidad penal.
De acuerdo con el informe de control, en agosto de 2021, la entidad compró mediante contratación directa una planta de oxígeno tipo PSA de 15 a 20 m3 por hora tipo dúplex, pero la comisión de auditores evidenció que se otorgó la buena pro a un consorcio que no acreditó documentalmente la totalidad de requisitos de cada componente de la planta, incluso los encargados de evaluar las ofertas de los postores aplicaron criterios distintos y solo se admitieron tres de las ocho propuestas presentadas.
Además, los funcionarios de la Diresa otorgaron cinco días adicionales al plazo establecido en el contrato (43 días calendarios) para el cumplimiento de la prestación, declarando posteriormente a ello procedente la solicitud de la ampliación de plazo N° 1 a pesar de que los hechos no fueron acreditados y el sustento presentado no configuraba la causal invocada de atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Sumado a esto, el funcionario que aprobó esta ampliación no contaba con facultades para hacerlo y se omitió pronunciarse por la segunda ampliación de plazo.
Asimismo, no advirtieron que las especificaciones solicitadas para la planta no eran compatibles con el grupo electrógeno adquirido previamente. También la entidad aprobó la regularización de la contratación directa sin tener las facultades para hacerlo, ya que debió efectuarse mediante acuerdo del Consejo Regional.
Planta sigue inoperativa
De otro lado, el contratista no ha levantado hasta la fecha la totalidad de observaciones y no se estaría cumpliendo con la finalidad pública, considerando que la causal invocada era la situación de emergencia sanitaria en la cual prevalece la inmediatez para la atención oportuna de los pacientes. Adicionalmente, ante la inoperatividad de la planta, la Dirección Subregional de Salud Morropón Huancabamba suscribió un convenio con un tercero para el abastecimiento de oxígeno, causando un gasto de S/ 52 020,50.
Por todo ello, tras la emisión del informe de control y afrontar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), en el marco del debido proceso, la Sala 2 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General emitió la Resolución N° 000011-2023-CG/TSRA-SALA 2, mediante la cual resuelve inhabilitar a un funcionario y exfuncionario a 2 años y seis meses y, a otro funcionario con 2 años por infracción muy grave, conforme se regula en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley N° 27785).
Cabe destacar que la Contraloría recuperó su capacidad sancionadora en julio del 2021 mediante la Ley N° 31288, aprobada por el Congreso de la República, que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora del máximo ente del Sistema Nacional de Control.
Dato:
Las resoluciones que emite el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, última instancia administrativa en el procedimiento sancionador, se encuentran accesibles en la página web Buscador Temático de Resoluciones del TSRA o a través de este link.
De acuerdo con la Ley N° 27785, la Contraloría tiene la potestad de sancionar la responsabilidad administrativa funcional y separar temporalmente de la administración pública a servidores y funcionarios que cometan infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones, incumpliendo sus deberes y ocasionando perjuicio al Estado.
Según la Resolución N° 000011-2023-CG/TSRA-SALA 2, emitida por la Sala 2 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, los involucrados son: Félix Alfredo Vega Ayala, Jefe de la Unidad Funcional de Control; Alixs Arnulfo Saona Rodríguez, Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración y Hugo Santos Vásquez, Jefe de la Unidad Funcional de Logística.
