Artículo: Desaciertos de comunicación

Laurence Chunga Hidalgo
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ERP. Me toca estar en Paita por un proceso pendiente de atender. El taxi colectivo, que me traslada desde la parte alta hacia la plaza de armas de la ciudad, va adornado por la voz de un locutor radial que anuncia con el pecho inflado que la corrupción está por todos lados y que no le teme a nadie. Señala su asco a los involucrados en el asunto de “Los Injertos del comandante Mela” y agradece el hecho de que ya estén en la cárcel y que espera que se pudran no sólo los delincuentes sino también los policías y abogados que conforman la banda.

Esa sensación de seguridad, que tramite el anunciador, no es cierta. La colectividad no puede dejarse llevar por la voz ampulosa de un comunicador social que desconoce y que ha leído poco sobre la situación legal de los detenidos. No se puede negar que en los días pasados se ha detenido a un aproximado de 30 personas, entre las que se cuenta a tres abogados y diez policías; empero no se trata de una detención definitiva. Los fiscales y la policía han realizado un paciente trabajo de meses para identificar a las personas involucradas con seguimientos personales, levantamiento del secreto de las comunicaciones, escucha de conversaciones, tomas fotográficas, videos, etc. y han podido identificar a un determinado número de personas que probablemente estén relacionados con las actuaciones delictivas de la citada organización criminal. Quizá aún hayan involucrados que no han sido identificados o algunos de los detenidos no sean miembros de dicha banda. El asunto aún se encuentra a nivel de investigación preliminar.

Los jueces que han tomado el caso, inicialmente concedieron 24 horas de “detención preliminar” y la fiscalía y la policía que ya conocían de los paraderos de cada uno de sus objetivos, realizaron los correspondientes allanamientos de morada y detenciones, con el consecuente levantamiento de bienes y objetos que puedan relacionarse con la actividad delictiva: armas, drogas, dinero, vehículos, teléfonos celulares, unidades portátiles de almacenamiento de información, etc. El asunto es que el número de intervenidos es alto y la información abundante, lo que requiere verificar cada uno de los datos y asegurar elementos de convicción suficientes para que la “prisión preventiva” -que, de seguro, se solicitará al término de la detención preliminar- sea concedida.

La detención preliminar es una medida coercitiva personal de escasa temporalidad. Exige que el imputado se encuentre debidamente identificado y que se tengan razones plausibles de su participación en la realización de un delito con pena superior a cuatro años. El plazo natural de la misma es de 24 horas y, de modo excepcional, si el caso lo amerita y existen razones para ello, se extiende por 07 días naturales. Al término de ese tiempo el acusado alcanza la libertad, salvo que el encargado de la acusación, dígase el fiscal, solicite una medida coercitiva de mayor gravedad.

La prisión preventiva es una medida de coerción personal de mayor temporalidad que la detención preliminar. No bastan las razones plausibles de la intervención del sujeto en la comisión del delito sino que se exige “fundados y graves elementos de convicción” que aseguren que el acusado ha intervenido en el delito, que el posible castigo penal que se impondrá sería mayor a cuatro años y, que de su actuación y otras circunstancias se puede colegir que realizará actividad obstruccionista o que escapará de la justicia. El tiempo ordinario de la prisión preventiva es de 09 meses. Cómo se advierte, detención preliminar y prisión preventiva no son la misma cosa y, ninguna de ellas supone la “pudrición” del agente en la cárcel.

La pena privativa de libertad es una sanción penal que se impone a los acusados, una vez que en juicio se ha acreditado –más allá de toda duda razonable- la actuación y participación circunstanciada de cada uno de los detenidos, sean en calidad de autores o cómplices.

Así, detención preliminar, prisión preventiva y privativa de libertad no son sinónimos. Cada cual tiene sus propios presupuestos y su correspondiente finalidad, pero no pueden confundirse. Si un periodista pretende “pudrir” a un delincuente en la cárcel con siete días de detención, lo único que logra es mal informar a la colectividad y generar expectativas que no se alcanzarán, con lo que la sensación de injusticia retorna y la impresión de inseguridad ciudadana se ha acrecienta. Pudiera ser que el fiscal decida no solicitar prisión preventiva para alguno de los ahora detenidos.

Es interesante que, algunos diarios locales den cuenta de conversaciones en las que los intervinientes hacen referencia a modalidades de actuación, el pago de extorsiones a miembros de la policía nacional, la entrega de cupos o la remisión de regalos para que “los dejen trabajar”, e inclusive se hace mención, en alguna de las conversaciones grabadas, de información dada por los agentes del orden advirtiéndoles de operativos futuros para evitar que sean aprehendidos; empero ese es el punto de inicio de la madeja. Corresponde que, continúen las investigaciones y se amplíe el número de investigados si fuera necesario. De seguro toda la información será tamizada y organizada para asegurar un proceso judicial que asegure un final en el que los miembros de la organización criminal en ciernes tengan la sanción merecida.

Mientras tanto, es necesario que la información que se alcance a la colectividad sea ofrecida con las reservas del caso a fin de no generar falsas expectativas, pero que a la vez se pueda conocer las modalidades de actuación de los involucrados, con el ánimo de que los ciudadanos que conocen de estas actividades, sea porque son testigos, vecinos o agraviados de los detenidos, asuman sus roles y participen activamente en la recaudación de elementos de convicción que puedan ser asumidos como medios de prueba, pero también para que conozcan dichas modalidades delictivas y se mantenga alertas respecto de las ocurrencias en los respectivos vecindarios.

Mientras tanto, hemos terminado nuestra actuación procesal en este puerto piurano. Corresponde nuestro desplazamiento al penal de Piura para continuar nuestras actividades.