ERP. El proyecto aprobado por el Congreso de la República y que se encuentra pendiente de promulgación por el Ejecutivo, ha creado discrepancias de representantes de instituciones, de profesionales especializados y otros, en tanto que para los autores de la iniciativa es un reconocimiento a quienes aportaron durante muchos años; para Defensoría, el mismo afecta un derecho fundamental de pensión de personas adultas mayores.
En comunicado emitido por dicha entidad, precisan “Consideramos que, en la actualidad, existe un serio problema referido al gran número de personas, que, a pesar de haber contribuido durante largos años al Sistema Nacional de Pensiones, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años, por no haber cumplido el requisito de los 20 años de aportes, situación que es claramente injusta. Más aun si, en este momento, este sector de la población afronta un conjunto de necesidades por causa de la pandemia, que deben ser atendidas. Si bien este proyecto persigue resolver, a corto plazo, esta situación, es evidente que los efectos serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas”.
Agregan que “Asimismo, el Sistema Nacional de Pensiones enfrenta desafíos estructurales. Dado que los aportes de los trabajadores no son suficientes para financiar el pago mensual de los pensionistas, el sistema opera con un déficit financiero, que requiere transferencias anuales del Estado. Así, en los últimos 5 años, previos al inicio de la pandemia, se han transferido más de S/.1,800 millones cada año para cumplir con el pago; lo que refleja que el sistema, tal como está diseñado, resulta inviable”.
Walter Gutiérrez Defensor del Pueblo
Alertan que “En ese sentido, resulta vital no poner en riesgo el trabajo que viene impulsando la Comisión Especial Multipartidaria del Parlamento, junto a otros actores políticos y de la sociedad civil, de emprender una Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, con normas que harían más complicado hallar una solución. Para la Defensoría del Pueblo, es indispensable someter a un amplio y participativo debate el rediseño del sistema actual para garantizar que más personas cuenten con pensiones durante su vejez. Por ello, considera que debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los y las pensionistas”.
Consideran además que “No menos importante es el hecho de que el proyecto aprobado resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú. Según estas normas, la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social constituyen una garantía institucional para proteger este derecho y permitir que las personas adultas mayores cuenten con una fuente de ingresos segura durante la vejez. Aunado a ello, la iniciaitva desconoce la esencia del concepto de pensión contributiva, que deriva de un fondo común, solidario y colectivo”.
Asimismo, “Para la Defensoría del Pueblo, el retiro masivo de estos fondos es, además, una amenaza a la dimensión social del principio constitucional de equilibrio financiero, que hoy, más que nunca, debe preservarse a efectos de hacer sostenibles en el tiempo las políticas destinadas a materializar los derechos fundamentales de la población. Más aún, encontrándonos en un período de recesión económica debido a la pandemia. La norma, del mismo modo, desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que deben respetar el principio de legalidad presupuestal reconocidos en los artículos 78 y 79 de la Constitución”.
Concluyen que “(…) la Defensoría del Pueblo considera que, en periodos de crisis como el actual, muchas personas requieren del apoyo excepcional del Estado para subsistir o evitar caer en la pobreza. Sin embargo, las medidas que se adopten para garantizarlo deben respetar el marco constitucional. La norma aprobada, no obstante sus nobles propósitos, inevitablemente afectará a aquellos a quienes busca proteger, e inexorablemente será declarada inconstitucional. Las soluciones planteadas a los problemas del Sistema Nacional de Pensiones, lejos de ser coyunturales, deben ser el resultado de un debate responsable que evalúe una reforma integral con mayores niveles de solidaridad, una fuente de financiamiento sostenible y el acceso a pensiones justas a mediano y largo plazo”.
