ERP. Defensoría del Pueblo, frente a los acontecimientos últimos, ha realizado un pronunciamiento respecto al principio de neutralidad, la prohibición de la publicidad estatal y el uso de universidades con fines proselitistas, aspectos que ponen en tela de juicio el proceso electoral que tendrá como fecha de votación el próximo 10 de abril del 2016.
Sobre la neutralidad electoral
Mediante pronunciamiento, Defensoría del Pueblo expresa que la legislación electoral establece que las autoridades y funcionarios −sin ninguna distinción− deben cumplir rigurosamente con el principio de neutralidad, que los obliga a abstenerse de realizar cualquier tipo de proselitismo político en el ejercicio de sus funciones, ya sea para favorecer o perjudicar a cualquier organización o partido político en contienda electoral.
Indica que del mismo modo, se encuentran prohibidos de utilizar la infraestructura, bienes o recursos públicos, con estos fines.
Por ello, la Entidad pide a todos funcionarios y funcionarias a evitar cualquier situación que pueda comprometer, directa o indirectamente, el cumplimiento de este principio, cuyo objetivo es salvaguardar la igualdad de condiciones en la contienda electoral y la legitimidad de los resultados del proceso electoral.
Asimismo indica que la ciudadanía debe estar atenta a estos hechos y denunciarlos ante las autoridades competentes.
Sobre la publicidad estatal
El pronunciamiento también abarca la publicidad estatal, precisando que de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral, las entidades públicas están prohibidas de gastar en publicidad en tiempo electoral, salvo frente a una impostergable necesidad o utilidad pública, la misma que debe estar debidamente justificada y previamente autorizada por el ente electoral, cuando se trate de radio y televisión.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo (e) destacó la importancia de las recientes resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro que, reafirmando esta prohibición legal, denegó solicitudes específicas presentadas por el Poder Ejecutivo para publicitar programas sociales.
Sobre el uso de universidades con fines proselitistas
Respecto a este caso, considera que los artículos 116 de la Ley Universitaria y 7 del Reglamento de Publicidad Electoral prohíben expresamente el uso de entidades educativas, públicas y privadas, con fines de proselitismo político.
Manifiesta que en las últimas denuncias, debe recordarse que el artículo 18 de la Constitución Política establece que las universidades deben estar dedicadas únicamente a la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. Considera que utilizarlas con fines políticos las desnaturaliza gravemente.
Al respecto, el Defensor del Pueblo (e) remarcó que «no deben utilizarse ni los fondos de las universidades, ni su infraestructura y muchos menos a sus estudiantes para realizar cualquier tipo de proselitismo político».
Finalmente, se recuerda que las organizaciones políticas han suscrito el Pacto Ético Electoral, que –sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerles los órganos electorales– los comprometen a conducirse respetando los valores y principios democráticos.
La Defensoría del Pueblo reitera su invocación a todas y todos los candidatos a mantener un debate alturado y respetuoso, con propuestas que respondan a las demandas ciudadanas.
