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Mié, Abr

Medicinas, monopolio, Indecopi y desprotección de la población peruana

Editorial
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ERP. La comercialización de las medicinas en nuestro país, es un tema de muy larga data. Los discursos grandilocuentes del ex presidente Alan García Pérez para garantizar un mejor acceso y sobre todo a menor precio fue un engaño. Lo cierto, que existe una concentración evidente y muy peligrosa como lo ha calificado el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez al conocer las últimas decisiones empresariales.

Aprovechándose de las debilidades legales que existen en nuestro país, InRetail adquirió el 100% de las acciones de Quicorp, propietario de las cadenas Mifarma, BTL, Arcángel y Fasa- por un valor de US$583 millones de dólares. La situación como es lógico entender por una elementalidad de concepto económico, puede derivar hacia un incremento de los precios.

Farmacias Talara

Inkafarma concentró el 95% del mercado nacional en farmacias

Con esta acción, el grupo comprador tendría el 95% de participación en el mercado de las cadenas de farmacias, sumando 2 mil locales a nivel nacional, de acuerdo a un informe que se encuentra considerado en Semana Económica. Solo queda en el 5% restante una oferta que podría ser insuficiente y al mismo tiempo contraproducente para el funcionamiento del libre mercado.

Respecto a esta concentración, el Defensor del Pueblo ha llamado a la reflexión y al análisis respectivo. Ha calificado como corresponde el monopolio que se genera con la compra de las farmacias BTL, Fasa, Mifarma, y Arcángel y ha manifestado que el organismo que lidera ya está estudiando el caso para proponer una serie de medidas. Sin embargo, vale recordarlo, la Defensoría del Pueblo no puede ir más allá que su conclusión.

Es tanto el poder que existe respecto a las medicinas, en el Congreso de la República no ha prosperado un proyecto que busca la Regulación de Fusiones y Adquisiciones Empresariales, para este tipo de situaciones. Jorge del Castillo, presentó el proyecto y como muchos otros importantes duerme el sueño de los justos, aparejado con declaraciones contradictorias de la fuerza política que impera en esta instancia.

Para el Defensor del Pueblo, Gutiérrez existe una posición de dominio en este sector, considera que los medicamentos de última generación a menudo llegan tarde al mercado por diversas razones y destaca los derechos que tienen las personas no solo para ser atendidos en un establecimiento de Salud, sino igualmente a contar con tecnología médica y el libre acceso a la medicina.

Por su parte Indecopi, se ha pronunciado sobre esta fusión; sin embargo, la institucionalidad peruana se inclina muchas veces reverente al poder económico y sobre todo al poder la información. Evidentemente, esta concentración es una decisión estratégica de un grupo empresarial que conoce las debilidades legales que rodea al mercado de las medicinas y por lo tanto, puede actuar con mucha seguridad, aunque ello signifique concentración empresarial.

Por su parte, el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, indicó al diario Gestión que “esto podría generar un posible incremento en el precio de los medicamentos debido a la concentración de dominio que se producirá en el mercado, además de cambiar las condiciones del sector afectando así la oferta en la producción, condiciones laborables y a los consumidores”.

Como sucede en otros aspectos de la economía peruana, se espera que el Ministerio de Salud regule en favor de los ciudadanos y recoja los aportes para la implementación de un nuevo modelo de farmacias en el primer nivel de atención. Una mayor concentración, solo significa crear un monopolio y como tal, no solo definir y decidir, a quien le vende, a cuánto le vende y en qué condiciones lo hace y más aspectos de carácter económico.

Falta una ley que regule las adquisiciones, fusiones de farmacias y cadenas de boticas. En tanto esto no exista, lo acontecido recientemente solo es el imperio de lo que se puede hacer, aunque indebido pero legal, cuando las entidades que deben regular este tipo de situaciones se encuentran preocupados en otras cosas o sus funcionarios movidos por otros intereses.

Los consumidores o sea la población común y corriente se encuentran desprotegidos por este mismo sistema que para muchos es una panacea, pero que en realidad ha perdido el sentido humano. Al menos en esta oportunidad existen US$583 millones de dólares de razones para quedarse callado y no decir nada. Esperemos como actúa el Congreso de la República y las demás instancias.

Diario El Regional de Piura