ERP. Entre ellos se encuentran un policía, un biólogo, dos asistentes y el abogado de Petroperú. A las tres de la mañana de hoy lograron liberarse los dos fiscales que se encontraban retenidos en la comunidad de Saramurillo, por comunidades nativas del lugar. Esta acción permitió también la liberación de dos asistentes de función fiscal, un perito del Ministerio Público, un policía y un funcionario de Petroperú.
La decisión fue tomada en consenso por los fiscales, quienes lograron desatar una embarcación, lo cual les permitió llegar esta mañana a la ciudad de Nauta. Es así que partieron de Saramurillo, José Miguel Palacios Martínez, Fiscal Provincial Penal Corporativo de Loreto; Paola Tatiana Mendoza del Río, Fiscal Provincial especializada en materia ambiental de Nauta; Saulo Camilo Ríos Vásquez, asistente de función fiscal; Cuiery Augusto Montes Montilla, asistente de función fiscal; Miguel Carrera Muñoz, biólogo y perito del equipo forense especializado en materia ambiental del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público; Germán Cárdenas Chávez, miembro de la Policía Nacional del Perú y perito de la OFICRI de Loreto; Carlos Javier Herrera Reto, abogado apoderado de Petroperú; y dos tripulantes de la embarcación que pidieron mantener sus nombres en reserva para evitar represalias contra ellos.
Actualmente todos se encuentran en la ciudad de Nauta y en buenas condiciones de salud.
Como es de conocimiento público, los fiscales y la comitiva que los acompañaba fueron retenidos alrededor de las 5 de la tarde del jueves 29 de septiembre cuando se dirigían a la zona de Monterrico en Loreto, como parte de una diligencia respecto del derrame de petróleo sucedido en el lugar. Ellos, junto a otras tripulaciones de diferentes embarcaciones fueron interceptados en el río por nativos de la zona y conducidos a la comunidad de Saramurillo.
Luego de varias conversaciones con los líderes locales lamentablemente no les permitieron salir de la comunidad, por lo que decidieron tomar esta acción.
El Ministerio Público rechaza cualquier tipo de actividad que afecte y ponga en riesgo los derechos fundamentales de las personas y autoridades de nuestro país por lo que invoca a las comunidades a establecer los mecanismos de diálogo pertinentes para resolver sus reclamos siempre en el marco de la Ley.
