ERP. La Defensoría del Pueblo mediante comunicado público reafirma que la educación en nuestro país presenta nuevos desafíos para formar integralmente a las personas en una sociedad diversa, la misma que exige criterios de inclusión, justicia y equidad para fomentar una cultura de paz basada en el respeto de los derechos humanos de las personas y en el cumplimiento de sus deberes.
En ese sentido, en su pronunciamiento considera expresar lo siguiente:
- El currículo nacional promueve actitudes positivas y responsables de convivencia social en los y las estudiantes, integrando diversos enfoques transversales que forman parte de acuerdos internacionales y políticas que reconoce y suscribe el Estado peruano pero, además, cumple con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Precisamente, el enfoque de derechos permite reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos, y garantizar su adecuado desarrollo y completo bienestar, en estricto respeto del principio del interés superior del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Declarar fundada la demanda de acción popular iniciada contra el currículo nacional significa desconocer los esfuerzos del Estado para que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea respetuoso de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.Principalmente, pondría en riesgo la formación integral que deben recibir los y las estudiantes y agravaría las situaciones de violencia y discriminación que sufren continuamente en las escuelas y en la sociedad en general.
- Por lo tanto, la Defensoría del Puebloconsidera que el Poder Judicial debe desestimar el proceso iniciado contra el currículo nacional por ser compatible con las obligaciones internacionales de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, y garantiza la vigencia de sus derechos en las escuelas.
