ERP. La creación de Juzgados Anticorrupción de crimen organizado en la Victoria, por parte del máximo representante del Poder Judicial, es una buena iniciativa, para combatir estas lacras sociales, cuya única forma de luchar de manera exitosa, es hacerlo de manera conjunta.No hay que perder de vista, también que en la actualidad, es bastante común observar que las actividades de lavado de activos, se mimetizan en diferentes actividades como hostales, casa de cambios, casinos, empresas de transportes, agencias de viajes, grifos, restaurantes, casas de cambio, entre otros.

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ERP. En tal sentido, se propone que el objetivo es contribuir con la eliminación de las barreras que impidan a las mujeres, niñas y adolescentes a acceder a la impartición de justicia, propendiendo al reconocimientos, garantías y respeto a sus derechos fundamentales. La justicia de género, sostiene las Naciones Unidas, tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres, que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el Estado.

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ERP. Por tal razón criminológicamente, se entiende que los delitos de carácter sexual, constituyen una de las manifestaciones criminales más censuradas por la sociedad y cuando se involucran a niños, el reproche social es aún mayor, pues existe la conciencia común de que las personas menores de edad, requieren una protección mayor por su especial vulnerabilidad y que los autores de tales delitos actúan movidos por propósitos abyectos.

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ERP. Es importante precisar, que en la mayoría de países en América Latina, denunciar es un deber legal, sin embargo en el Perú, este deber alcanza a los funcionarios públicos y a los particulares de manera específica, pero de manera general, la omisión de comunicar no se halla criminalizada, sin embargo, los que si se encuentran obligados a denunciar expresamente por ley, son los educadores, los funcionarios, que en razón de su cargo, tomen conocimiento de un hecho punible, como son los médicos.

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ERP. Muchos entendidos, sostienen que ha llegado la hora de la refundación del Poder Judicial, pero se hace necesario recoger consensos, para tener un marco normativo moderno y acorde con los nuevos tiempos y si bien es perfectible, es de urgente necesidad abolir ese viejo sistema de ratificación que ya sido derogado por muchos países, de cuya tradición democrática se encuentra debidamente marcado el Estado Constitucional de Derecho, pues no debemos perder de vista que el punto más vulnerable de todo magistrado, es cuando se encuentra en proceso de ratificación.

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ERP. La Tutela de Derechos, como institución jurídica es esencialmente un dispositivo eficaz destinado al restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados, se encuentra prevista en el Art. 71 del Código Procesal Penal y debe recurrirse a ella única y exclusivamente cuando exista una infracción consumada de los derechos que le asisten a las partes procesales, por lo que debe precisarse que es un mecanismo, más que procesal, de índole constitucional, que se erige como el mejor camino reparador de la afectación o menoscabo sufrido.

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ERP. La Federación Latinoamericana de Magistrados, se ha pronunciado a la aplicación de esta técnica y ha expresado que la prueba de confianza o poligrafo, es atentatoria contra los derechos fundamentales, pues atenta contra la integridad personal, honra e intimidad personal de los magistrados, toda vez que esta clase de prueba está poscrita para los delincuentes en muchos países.

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ERP. (Dr. Edhín Campos Barranzuela*) La Sala Penal Nacional ha conocido y viene conociendo importantes casos denominados “ emblemáticos “, como son por ejemplo: el caso Odebrecht y las empresas consorciadas, caso Ollanta Humala, keiko Fujimori, Accomarca, Cayara, Tarata, Movadef, El Frontón, La Gran familia, La Cruz de Piura, Carboneros, Nancy Obregón, Eclipse, Sánchez Paredes, entre otros.

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ERP. El Código Procesal Penal, también ha prescrito la figura procesal del Testigo Protegido, quién es aquella persona, que ha presenciado la comisión de un evento delictivo, es llamado a concurrir a juicio, pero su identidad se mantiene en reserva, es decir dicha identificación no es revelada, bajo ningún punto de vista y con las responsabilidad penales que el caso conlleva.

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