ERP. Las elecciones generales de 2026 no pueden analizarse únicamente desde los resultados finales. Detrás de las cifras, las victorias y las derrotas, existe un proceso marcado por modificaciones institucionales y normativas que alteraron significativamente las condiciones de competencia política. Lo preocupante es que gran parte de estos cambios fueron observados con indiferencia por diversos sectores de la sociedad, pese a sus evidentes implicancias para la calidad de la democracia peruana.
La flexibilización de las reglas para la participación electoral permitió el ingreso de una gran cantidad de organizaciones políticas. Sin embargo, lejos de fortalecer el pluralismo, esta apertura terminó favoreciendo a las estructuras partidarias con mayor capacidad organizativa y recursos. En ese escenario, Fuerza Popular aparece como el principal beneficiario de un sistema diseñado para fragmentar a sus adversarios y capitalizar la dispersión del voto.
La aplicación de la valla electoral ha dejado sin representación parlamentaria a importantes sectores de ciudadanos cuyos votos han sido prácticamente anulados. Millones de sufragios emitidos por minorías políticas no se han traducido en escaños ni en presencia institucional, generando una distorsión de la voluntad popular. Los porcentajes que quedaron fuera del Congreso terminaron favoreciendo principalmente a Fuerza Popular y, en menor medida, a Juntos por el Perú.
Esta situación conduce a una primera conclusión: el sistema democrático peruano presenta graves deficiencias. La representación efectiva de la ciudadanía es cada vez menor, mientras que determinados grupos políticos y económicos consolidan posiciones de privilegio dentro del aparato estatal. Una democracia que excluye a sectores significativos de la población difícilmente puede considerarse plenamente representativa.
A ello se suma la fragilidad de los organismos electorales. La percepción de instituciones débiles, poco eficientes y expuestas a presiones políticas genera dudas razonables sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral. Particular preocupación despierta el voto de los peruanos residentes en el extranjero, cuya custodia y traslado mediante valijas diplomáticas ha sido objeto de cuestionamientos respecto a las garantías de seguridad y fiscalización.
Las denuncias formuladas por Juntos por el Perú sobre modificaciones normativas producidas antes de la segunda vuelta electoral merecen una evaluación rigurosa. En cualquier democracia sólida, los cambios de reglas durante un proceso electoral deben ser excepcionales y estar plenamente justificados para evitar sospechas de favorecimiento político.
Asimismo, la salida de Piero Corvetto Salinas de la ONPE fue interpretada por diversos sectores como un factor que debilitó la autonomía institucional del organismo electoral. La independencia de los órganos encargados de administrar los procesos electorales constituye un requisito fundamental para preservar la confianza ciudadana en los resultados.
El escenario político posterior a la caída de Pedro Castillo continúa proyectando sus efectos sobre el país. Para muchos ciudadanos, las decisiones adoptadas desde entonces han configurado un nuevo equilibrio de poder que ha beneficiado a determinados sectores políticos. En ese contexto, la consolidación electoral de Keiko Fujimori es vista por sus críticos como el resultado de un conjunto de circunstancias políticas e institucionales que favorecieron su ascenso.
Más allá de nombres y coyunturas, la discusión de fondo debe centrarse en la calidad de la democracia peruana. El país necesita fortalecer sus partidos políticos, superar la proliferación de organizaciones sin estructura ni arraigo ciudadano y construir mecanismos que devuelvan protagonismo a la población en las decisiones trascendentales. La participación informada, los referéndums y una mayor vigilancia ciudadana pueden convertirse en herramientas para recuperar la legitimidad del sistema.
Los próximos años estarán marcados por grandes desafíos. La defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades deberá convertirse en una prioridad nacional. Una democracia auténtica no puede sustentarse únicamente en procedimientos electorales; requiere instituciones sólidas, transparencia, representación efectiva y ciudadanos capaces de ejercer plenamente sus derechos.
La tarea pendiente no es únicamente debatir una nueva Constitución, sino construir una nueva cultura democrática. Una democracia donde el poder vuelva a estar al servicio de los ciudadanos y no de las élites políticas o económicas; donde la representación sea real y donde la voluntad popular no quede subordinada a los intereses de unos pocos. Ese es el desafío que el Perú tiene por delante.
Diario El Regional de piura
