ERP. El Congreso intensificó su ofensiva contra Delia Espinoza. Ante la posibilidad de que sea restituida como fiscal de la Nación, la Comisión Permanente aprobó inhabilitarla por 10 años para ejercer función pública. Además, autorizó que la Fiscalía presente una denuncia en su contra ante la Corte Suprema por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
La denuncia constitucional que desencadenó esta sanción fue presentada por los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, e incluía también a otros tres fiscales supremos: Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. A los cuatro se les acusaba de negarse a acatar la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Sin embargo, tras la sustentación de la presidenta de la SAC, Lady Camones, solo la acusación contra Delia Espinoza alcanzó los votos necesarios para su inhabilitación y denuncia. En el caso de los tres fiscales supremos, los votos en abstención fueron mayoría.
