ERP. La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, anunció que presentará una acción de amparo con el objetivo de revertir la inhabilitación por 10 años que el Congreso de la República aprobó en su contra. Según indicó, esta medida busca restituirla en el cargo y dejar sin efecto la sanción impuesta por el Parlamento.
Además, la fiscal suprema adelantó que interpondrá denuncias contra los congresistas que participaron en el procedimiento, a quienes acusa de haber infringido la Constitución Política, vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa. Recordó que, durante el debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), los legisladores apagaron la transmisión pública cuando su entonces abogado, Samuel Abad, ejercía su defensa.
“Esto amerita una acción de amparo. Tarde o temprano, pese a los atropellos de los que estoy sufriendo, volveré”, declaró Espinoza.
Cuestionamientos sobre la inhabilitación
El Congreso decidió inhabilitarla al considerar que Espinoza habría participado en la publicación de un reglamento que, en octubre de 2024, presuntamente “desacataba” la Ley 32130, que otorgaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción de las investigaciones preliminares.
Sin embargo, en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2246-2024-MP-FN no aparece la firma de Espinoza. Según la magistrada, dicha publicación era responsabilidad exclusiva del entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. A pesar de que la denuncia constitucional involucraba también a Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, ella fue la única sancionada, pues no se alcanzaron los votos para inhabilitar a los otros fiscales.
“La elaboración y aprobación de un reglamento no es función de la Junta de Fiscales Supremos. Está demostrado con documentos que no hubo ninguna reunión para aprobarlo o discutirlo. Esa es tarea exclusiva del fiscal de la Nación. Lo que han querido dar como mensaje a los funcionarios es: o te sometes o te vas”, afirmó.
El camino legal del amparo
El abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, explicó que la acción de amparo deberá tramitarse bajo las reglas modificadas en octubre de 2024 mediante la Ley 32153, que reformó el Código Procesal Constitucional. Según esta norma, toda demanda contra el Parlamento debe ser vista por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y sus decisiones pueden ser apeladas por el Legislativo hasta agotar la vía en la Sala Constitucional y Social.
Esto significa que, aun si Espinoza obtiene un fallo favorable en primera instancia, no podrá reincorporarse hasta que se resuelva la apelación, lo cual podría tomar varios meses.
“Obviamente, lo hacen para tener más tiempo y evitar que su decisión sea públicamente cuestionada”, sostuvo Pérez.
El abogado señaló que, de no prosperar el amparo, acudirán a instancias internacionales, aunque precisó que, según los precedentes jurídicos, la Sala debería fallar a favor de su patrocinada.
Durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes, Pérez criticó duramente el actuar del Parlamento. “El deterioro institucional es evidente cuando un Congreso cambia sus propios procedimientos para favorecerse. Esto es propio de regímenes autoritarios”, enfatizó.
Asimismo, calificó de “antijurídica” la inhabilitación impuesta a Espinoza. “El congresista Montoya no ha podido justificar por qué se le sancionó. Incluso el congresista Salhuana afirmó que la denunciaron por denunciar a congresistas. No puede ser inhabilitada por ejercer su labor. No ha habido sustento legal y la supuesta persecución política es falsa”, puntualizó.
