ERP. La procuraduría anticorrupción formuló una denuncia penal contra el procurador especial del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, por la negociación del pago de la reparación civil en el marco de acuerdo de colaboración eficaz firmado con la empresa Odebrecht.
La denuncia, interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco, advierte que el procurador Ramírez habría favorecido a la constructora brasileña y a sus exfuncionarios en la negociación del monto de la reparación civil, ocasionando perjuicio a los intereses del Estado peruano.
Le atribuyen al procurador Ramírez, y los que resulten responsables, los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales.
Para la procuraduría anticorrupción señala que Ramírez habría “pactado irregularmente” la devolución de aproximadamente 524 millones de soles existentes en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), producto de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla.
Ese dinero, según la procuraduría, tiene la condición de intangible y está destinado exclusivamente al pago de la reparación civil a favor del Estado, por mandato de la Ley N°30737.
Procurador especial del caso Odebrecht, Jorge Ramírez.
Atribuyen además al procurador Ramírez haber consentido la inaplicación de la Ley N°30737, creada para asegurar el pago de las reparaciones civiles y deudas tributarias de las empresas implicadas en actos de corrupción, sin considerar que Odebrecht y sus exfuncionarios tenían investigaciones y procesos judiciales pendientes.
La procuraduría anticorrupción cuestiona también que se haya permitido el fraccionamiento del pago de la reparación civil fijada en 610 millones de soles en 15 cuotas anuales, renunciando a la posibilidad de cobrar casi la totalidad con cargo a los fondos existentes en el FIRR.
Acuerdo de colaboración
El procurador Amado Enco, sin embargo, precisa que su denuncia no busca la nulidad del Acuerdo de Colaboración y Beneficios, dado que al encontrarse por el Poder Judicial tiene la calidad de cosa juzgada y debe ejecutarse en sus términos aprobados.
“Esa situación no impide que los responsables de haber negociado con los colaboradores eficaces de manera incompatible con los intereses del Estado o quienes hayan tenido el deber de garantizar su legalidad y proporcionalidad, deban responder por sus actuaciones ante las autoridades competentes”, refiere.
Lo que persigue la denuncia, refiere, es que el Ministerio Público investigue una evidente conducta de relevancia penal por parte del procurador Ramírez quien, en su condición de representante y responsable de la defensa jurídica de los intereses del Estado, participó en la negociación y firma del acuerdo en el extremo de la reparación civil.
“La lucha contra la corrupción debe ser encarada respetando la Ley y siempre ponderando los intereses del Estado por encima de cualquier otro interés privado. En esa tarea los procuradores no podemos abdicar en el cumplimiento de nuestro deber”, indica Amado Enco.
