ERP. Se acabó la tensión en el Congreso de la República, y tras el verbo altisonante en el debate por parte de opositores y oficialistas no hubo mayor contradicciòn para aprobar las facultades legislativas que solicitaba el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad ciudadana y económica. El plazo para legislar en dichas materias es de 90 días.
El plazo para aprobar la solicitud del Ejecutivo vencía a medianoche, pues la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria era solo para el día de ayer, razón por la cual la exposición del proyecto, la discusión de las bancadas y la votación final debía concluir antes de las 00.00 horas.
Finalmente, faltando pocos minutos para la medianoche, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto Nº 4569 del Ejecutivo por 78 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones, luego de escuchar las exposiciones del jefe del Gabinete, Pedro Cateriano; y de los ministros del Interior, José Pérez Guadalupe; y de Justicia, Gustavo Adrianzén.
La propuesta del Ejecutivo planteó al Congreso otorgar facultades legislativas delegadas para combatir el sicariato, mejorar el control migratorio, el transporte y los servicios aduaneros en puertos y aeropuertos.
Además, propone fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video vigilancia y radiocomunicaciones, así como mejorar la capacidad, operatividad, capacitación y el régimen disciplinario de la Policía.
Plantea también fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, concesiones y mejorar el marco regulatorio de tratamiento de reclusión juvenil. Finalmente, la iniciativa busca optimizar los registros públicos para mejorar la capacidad jurídica y evitar fraudes.
Todos estos temas, incluidos como incisos en el artículo 2 del proyecto de ley, fueron votados por separado y recibieron amplio respaldo de la representación nacional.
En su exposición, el ministro del Interior aseguró que estas propuestas permitirán al gobierno contar con “armas legales” más eficientes para enfrentar la inseguridad ciudadana y , mejorar “cualitativa y cuantitativamente” la lucha contra este flagelo.
Por su parte, el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, se comprometió a que los ministros de Estado darán cuenta al Parlamento de todos los decretos que el Ejecutivo emita en el marco de las facultades legislativas delegadas.
Al levantar la sesión, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, declaró clausurado el actual periodo legislativo ordinario.
Facultades en materia económica
Las facultades en materia económica fueron aprobadas por 86 votos a favor, 21 en contra y cuatro abstenciones, luego de un debate que se inició en horas de la mañana con la exposición del jefe del Gabinete de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. La representación nacional consideró que 90 días era un tiempo suficiente para que el Ejecutivo legisle en esos temas y desestimó el pedido original de 120 días solicitado en el proyecto.
Asimismo, acordó votar por separado los nueve incisos del artículo segundo del proyecto sobre las materias de delegación de facultades. En ese marco, se aprobó el inciso A, que promueve y agiliza la inversión pública y privada, las asociaciones públicas y privadas, y que facilita los procedimientos en todos los sectores.
Igual destino tuvo el inciso B, cuyo objetivo es facilitar el comercio doméstico nacional e internacional y establecer medidas para garantizar la seguridad de la soperaciones. En cuanto al inciso G, aprobado también por mayoría, está orientado a perfeccionar la regulación y los aspectos de generación, distribución eléctrica y de electrificación rural, además de dictar el marco general de interconexión internacional.
Por su parte, fue sancionado favorablemente el inciso H, que promueve el consumo humano directo de recursos hidrobiológicos a través del desarrollo de la acuicultura e impulsa la transferencia tecnológica y el desarrollo de los parques industriales.
Igualmente la representación nacional respaldó el inciso I, que establece medidas para promover el acceso a la vivienda y la formalización de la propiedad, con el fin de fomentar su modernización y mejorar los servicios de saneamiento.
A este inciso, a pedido del congresista Juan José Díaz (FP), se le agregó el "otorgamiento de incentivos fiscales para promover el los fondos de inversión en bienes inmobiliarios, el arrendamiento de inmuebles para vivienda e impulsar el mercado de factoring", texto que correspondía al Inciso c) que había sido desestimado.
Cuatro incisos fueron rechazados por el Pleno del Congreso.
