ERP. La Fiscal Provincial Coordinadora de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Doliveth Infante Castillo logró que el Sexto Juzgado de investigación preparatoria de Piura declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por 14 meses contra la alcaldesa de la Municipalidad de Salitral, Ysmenia Monja Zapata y el exgerente municipal Alan Marcelo Jaime, así como el jefe de la División de Desarrollo Urbano, James Chaquila Lizana como presuntos autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado, y contra el empresario Pedro Reaño Márquez, y la representante del consorcio Salitral, Anita Choquehuanga Pintado en calidad de cómplices.
La Fiscal Doliveth Infante Castillo logró acreditar la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos investigados que han quedado corroborados con la presencia de serias irregularidades en el proceso de adjudicación directa que favoreció al Consorcio Salitral para obtener la buena pro de la obra de pavimentación de las calles y veredas del distrito de Salitral valorizada en más de 9 millones de soles, teniendo como antecedente de que jamás existió un informe técnico que sustente la supuesta emergencia para exonerar del proceso de selección al proyecto, como finalmente se terminó aprobando de manera irregular en sesión de consejo.
Por otro lado, se advirtió que las valorizaciones presentadas por la contratista no correspondían al avance físico de la ejecución y se pagaban, pese a no tener sustento, además de las graves irregularidades en la contratacion de la empresa supervisora Mariale SAC cuando el proyecto tenía el 97.7% de avance, cuando por ley toda obra tiene que contar con supervisión desde el inicio de la ejecución de la misma.
De acuerdo al informe pericial 20-2021 se ha determinado un perjuicio económico de 2 millones 761 mil soles en la obra de pavimentación de vías y veredas de Salitral.
El Ministerio Público ofreció el testimonio de dos aspirantes a colaboradores eficaces, que han terminado por corroborar las graves irregularidades que se habrían presentado en la adjudicación de la obra como en la ejecución de la misma.
Finalmente, la Fiscal Doliveth Infante Castillo impugnó el extremo del plazo de prisión preventiva otorgado por el juzgado, al tratarse de un caso complejo y estar pendientes la realización de varias pericias y otras diligencias.
