Congreso de la República; Ilegitimidad social y adelanto de elecciones

Editorial
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ERP. El congreso de la República se encuentra conformado por políticos elegidos mediante un sistema que distorsiona la voluntad popular. Con un 30% de la cantidad total de los electores con derecho a sufragio, Fuerza Popular obtuvo mucho más del 50% de lo representación nacional; distorsión que no ha sido corregido y que es probable se repita una vez más en una elección nueva.

En el mensaje del 28 de julio el mandatario Martín Vizcarra Cornejo, anunció que estará presentando un proyecto para el adelanto de elecciones generales, de tal manera que se elija un nuevo presidente y los 130 nuevos congresistas. La medida, tiene sus argumentos ante la imposibilidad del parlamento de haber resuelto una crisis política, donde se impone la corrupción y el blindaje a favor de altos funcionarios comprometidos con redes criminales. 

La solución podría ser viable, para ello se requiere que haya decisión política de los congresistas o parlamentarios que se le cuestionan; sin embargo, más allá del barullo y de la propia crispación, todo hace suponer que no pasará a más. La decisión se encuentra en manos del Congreso y quienes deben votar el proyecto serán ellos mismos, es decir, es imposible deducir que se allanarán a este planteamiento.

La propuesta que tomó por sorpresa a los parlamentarios, sobre todos de Fuerza Popular y el Apra, que son la mayoría, aún se encuentra pendiente de ser oficializada y no se conoce los contenidos. Es probable que se conozca en las próximas horas y que se explicite el procedimiento a seguir en caso que el proyecto sea aprobado conforme es el interés del mandatario Vizcarra Cornejo.

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Esta situación es similar a lo acontecido en la crisis que llevó la fuga de Alberto Fujimori. El Congreso tenía una representación importante de fujimoristas, quienes quedaron totalmente desacreditados por los yerros de su gobierno. Con variantes y de acuerdo a la Constitución, se eligió un presidente temporal, el cual convocó conforme corresponde a elecciones generales y que dio origen a una nueva composición congresal y un nuevo presidente de la República.

Evidentemente, la modificación de los proyectos presentados anteriormente por el Ejecutivo y que han sido modificados en la “esencia” debería llevar a la disolución del Congreso y habría tenido el mismo impacto de aceptación de la mayoría de la población. Es una verdad que existe hartazgo de la composición del actual parlamento y hubiera sido más redituable seguir ese camino; sin embargo, el presidente Vizcarra decidió democratizar más las decisiones y trasladar al voto congresal y a la población misma la decisión final.

La pregunta para lo acontecido sería ¿Se podría esperar una Congreso con representación de calidad, después de una nueva elección general? La respuesta, es inmediata y es No. Lo mismo que se vive ahora con la legitimidad del Parlamento, sucedió en 1990, se repitió en lustros posteriores y ahora estamos viviendo una situación similar. Lamentablemente, el problema de legitimidad no es de personas solamente, sino de estructura social y legal.

El Perú, es cautivo de dos partidos y algunas individualidades que han logrado asiento en el Congreso de la República; quienes al momento de decidir no les importa el interés general, sino el interés particular. La lucha contra la corrupción les es ajena, porque se encuentran comprometidos en ellas sus principales líderes y deben protegerse. Es lo que se ha observado en casos concretos.

El otro aspecto, es el futuro. La democracia se sustenta en votos y esos votos son de personas con un nivel de información y conocimiento limitado, que muchas veces no distingue el bien y el mal. Bastaría revisar un poco la historia y comprobar como quedó el país tras la caída de Fujimori, el cual destruyó instituciones, infringió derechos humanos, y cayó en parecidos actos de corrupción de los observados actualmente. Años después votaron por esa misma organización.

Por lo tanto, seguir insistiendo en el mismo sistema vigente, sin ningún tipo de cambio legal y sobre todo social, no existe duda que se seguirá repitiendo las mismas deficiencias, la misma baja calidad del Congreso y así se seguirá perdiendo el tiempo y ralentizando el desarrollo nacional. La medida es buena y el descrédito de muchos parlamentarios lo justifica, pero no resuelve el futuro.

El mañana tiene otras soluciones a las del voto, se encuentra y se explica en ciudadanos con información y conocimiento, situación que es mucho más estructural y que no ha cambiado pese al nivel de crecimiento de la economía. Que se vayan si, pero deben analizarse mejores soluciones en las reales causan que generan esta ilegitimidad social.

Diario El Regional de Piura

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