ERP. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, recordó ayer que la primera tarea del Estado es defender los derechos humanos y para tal efecto, se requiere cumplir con la agenda pendiente para encarar las brechas existentes en el sector educación, salud y en la prevención de la violencia contra mujeres y niños así como en relación a la situación de las víctimas de trata y de personas con discapacidad.
Gutiérrez, advirtió que cumplir con las tareas pendientes demandará una acción articulada del Estado y la sociedad civil, dijo que "los derechos humanos tienen una entraña ética, una estirpe indiscutible de primera línea, cuando son vulnerados todos los aspectos de la sociedad son afectados, incluyendo la economía".
También expresó su preocupación frente al hecho que el 70% de las mujeres del país ha sido víctima de la violencia e indicó que la Defensoría del Pueblo considera fundamental aunar esfuerzos para combatir la violencia de género en consideración a ello, se ha propuesto que el año 2018 se declare: "Año de la Igualdad y la no violencia contra las mujeres".
"Esto no es un gesto nominativo. Planteamos la existencia de una agenda concreta y un presupuesto adecuado para que empiecen a cambiar las cosas. Este y otros son compromisos retadores y la Defensoría del Pueblo está comprometida en la batalla por los derechos humanos", afirmó Gutiérrez.
Más adelante y ante un foro conformado por representantes de las Naciones Unidas, el Ministerio de Justicia, la Unión Europea y miembros de organizaciones de derechos humanos, el Defensor del Pueblo, planteo al Estado la necesidad de aceptar los recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) afín de construir un mejor escenario para los derechos humanos en el país hacia el 2021.
En el 2012 el Perú, fue sometido a este examen, asumiendo ante la comunidad internacional compromisos para mejorar la situación de diversos grupos vulnerables como las mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas LGBTI, entre otros. Lamentablemente las cifras demuestran que los compromisos no se han cumplido: El 70% de las peruanas han sido víctimas de violencia familiar y 1015 fueron asesinadas en los últimos 8 años. De otro lado, el 85% de la población indígena infantil vive en condiciones de pobreza y desde el año 2012 hasta setiembre del 2017 se han registrado 28.140 casos de violencia sexual contra niños y niñas.
Con vistas a las nuevas recomendaciones recibidas por el Perú, el Defensor del Pueblo, resalto el hecho que en su mayoría resultan coincidentes con el trabajo que viene desarrollado la institución, en particular las referidas a los derechos de la mujeres y situación de la niñez, resalto que se haya expresado preocupación internacional por los efectos de la corrupción sobre los derechos humanos y el compromiso que deben tener las empresas privadas con los mismos.
Finalizó señalado que el EPU constituye una oportunidad estratégica para definir el trabajo del país en derechos humanos para los próximos 4 años y medio.
Remarcó que los compromisos asumidos por el Estado serán supervisados por la Defensoría como garantía efectiva del cumplimiento de los mismos. En ese rol reitera su pedido para que el año 2018 sea declarado "Año de la Igualdad y la No Violencia Contra la Mujer".
