ERP. Investigados por sobrevalorada compra de terreno en Tumbes. La fiscalía especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios apelará este lunes la decisión del juez, Jaime Elías Lequernaqué, del tercer juzgado de investigación preparatoria de Tumbes, de negar la solicitud de prisión preventiva contra el exrector de la Universidad Nacional de Tumbes (UNT), y cinco de sus funcionarios, informó el Ministerio Público.
Según el fiscal Jonathan Rivas Céspedes, a cargo de la investigación del caso, se solicitó 12 meses de prisión preventiva para los imputados, José de la Cruz Martínez (exrector UNT), Dante Enrique Rodríguez Ruiz (Vicerrector), Diego Orlado la Rosa Boggio (exjefe de la oficina de infraestructura y mantenimiento), Claudio Playa Olaya (exjefe de Administración), Dante Denis Saavedra Benites (exjefe de Abastecimiento), Luis Alberto Chávez Roncal (exjefe unidad formuladora), José Lizandro Serrano Morán (contratista), y para el perito, Raúl Alberto Luperdi Castañeda.
Sin embargo, el juez Jaime Elías, sólo dictó la medida de prisión preventiva para este último, argumentando que el resto de investigados tiene arraigo familiar en Tumbes, pese a admitir que existen elementos de convicción y la pena a la que podrían ser sentenciados supera los 4 años de cárcel.
Para el fiscal Rivas Céspedes, el tema del arraigo es desvirtuado debido a que sí existe peligro de fuga de parte de los procesados teniendo en cuenta que la provincia de Tumbes es una ciudad fronteriza con Ecuador, país donde ya huyeron el exgobernador de Tumbes Gerardo Viñas, y el narcotraficante Gerald Oropeza.
El caso de colusión por el que son investigados, gira en torno a la compra de un terreno para el funcionamiento del centro de idiomas y centro de informática, por el que se pagó la suma de 2’400,000 soles, sin embargo la pericia realizada por el Ministerio de Vivienda arroja que dicho terreno tiene un valor de 1’222,143.91 soles, es decir, fue sobrevaluado para favorecer al contratista José Lizandro Serrano.
Cabe señalar, que el magistrado ordenó el pago de cauciones para los funcionarios investigados, que van desde los 6,000 hasta los 26,000 soles, que deberán ser pagados en un lapso de 30 días.
