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Vie, Abr

Distrito Judicial de Sullana no cuenta con servicios adecuados para atender a menores y mujeres en situación de vulnerabilidad

Sullana
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ERP. La Oficina Defensorial de Piura advirtió que en el distrito judicial de Sullana; que abarca las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los Juzgados de Familia no cuentan con servicios adecuados para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar.

Asimismo, constató que no existen refugios temporales para la protección de mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, pues el único local que tenían para este fin se incendió en abril del 2018. Al no existir estos espacios, los niños, niñas y mujeres de estas provincias en situación de vulnerabilidad no reciben una atención especializada y corren el peligro de ser revictimizadas/os.

Con la finalidad de solucionar estos problemas, los representantes de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Poder Judicial, Municipalidad Provincial de Sullana, Ministerio de la Mujer, Beneficencia Pública, Comisaría de Sullana, Sub Región de Salud, Universidad Nacional de Frontera de Sullana y la Defensoría del Pueblo se reunieron e instalaron del "Comité Multisectorial Distrital en defensa, promoción y protección de los derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes".

nino abandonado

Tras ello, la Municipalidad Provincial de Sullana se comprometió a gestionar la sesión de uso de un terreno de más de 1000 m2 para la construcción de un hogar refugio para mujeres, un Centro de Atención Residencial (CAR) para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y una oficina de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna).

Para lograr una solución a corto plazo, la Policía Nacional del Perú y la Universidad Nacional de Frontera se comprometieron a buscar espacios que sean usados temporalmente.

La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento a los compromisos asumidos de manera que se garantice la existencia de servicios especializados de calidad para atender las necesidades de protección de dicha población vulnerable, a fin de que tengan una vida libre de violencia.

 

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